elEconomista.es
Argentina
Últimas noticias
27.307,06
+1,73%
17,36
+0,06%
17,2350
-0,12%
993,25
+0,13%

Piden detener a Cristina Fernández por "traición a la patria"

elEconomistaAmérica.com | Argentina - 12:22 - 7/12/2017
0 comentarios
    tagsMás noticias sobre:
    Cristina Fernández de Kirchner podría quedar presa antes de fin de año.

    Un juez argentino ha procesado formalmente a la expresidenta Cristina Fernández y ha solicitado su arresto por delitos de "traición a la Patria" y "encubrimiento agravado" por los supuestos tratos de favor ofrecidos a los iraníes acusados del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, en el que murieron 85 personas.

    El magistrado Claudio Bonadio ha solicitado al Senado, del que forma parte Fernández, que retire el aforamiento de la líder de Unidad Ciudadana enla causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, que se inició por la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.

    El fallo, al que ha tenido acceso la agencia oficial Télam, acusa a la expresidenta de traición a la Patria" y "encubrimiento agravado" y ordena un embargo de 50 millones de pesos. El Código Penal castiga la traición a la patria con penas de entre 10 y 25 años de cárcel o reclusión perpetua.

    Bonadio ha argumentado que Fernández "puede entorpecer la causa" gracias a sus contactos, por lo que ha solicitado su arresto. Este jueves ya han sido detenidos dos importantes aliados políticos de la expresidenta Carlos Zannini y Luis D'Elia, también por el mismo caso.

    La causa se reactivó después de que saliese a la luz una conversación del exministro Héctor Timerman con un directivo de la AMIA en la que se habría revelado que el Gobierno 'kirchnerista' conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado, según 'La Nación'.

    POLÉMICO ACUERDO

    El atentado contra la sede de la AMIA dejó 85 muertos y más de 300 heridos, lo que lo convierte en el mayor ataque terrorista registrado nunca en suelo argentino.

    En enero de 2013, Argentina e Irán firmaron un polémico Memorando de Entendimiento (MOE) para intentar avanzar con la investigación, congelada durante años, y permitir que un juez pudiera interrogar a los imputados en territorio iraní, aunque no llegó a entrar en vigor porque requería el visto bueno del Parlamento de la República Islámica.

    La causa de Bonadio incluye el trabajo realizado por el fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en su vivienda tras denunciar penalmente a la expresidenta. Nisman se basó en el memorando para sustentar su denuncia, argumentando que escondía un acuerdo para alejar las sospechas de Irán a cambio de la compra de grano argentino.

    Contenido patrocinado
    Otras noticias

    Comentarios 0

    Deja tu comentario

    Comenta las noticias de elEconomista.es como usuario genérico o utiliza tus cuentas de Facebook o Google Friend Connect para garantizar la identidad de tus comentarios:


    elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarias y las mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

    Enviar

    Flash de noticias Argentina

    Síguenos en twitter
    Síguenos en Facebook

    Más leidas

    eAm
    Colombia
    Mexico
    Chile
    Argentina
    Peru
    Paraguay autoriza el uso medicinal de la <b>marihuana</b>
    La reforma judicial de Macri aumentará la injerencia del Gobierno en jueces y fiscales