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La CIDH lleva a la Corte el caso por la dispersión de presos en Argentina

elEconomistaAmérica.com | Argentina / Agencias - 13:30 - 26/01/2018
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    La situación de los presos argentinos es comprometida y llueven reclamos.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso "Néstor Rolando López y otros" sobre la dispersión de presos en Argentina.

    Además de López, el caso cuyo inicio data de 1998 afecta a otras tres personas (Miguel Ángel González Mendoza, José Heriberto Muñoz Zabala y Hugo Alberto Blanco) a los que la Comisión recomendó indemnizar por violaciones de Argentina a sus derechos.

    "Las víctimas recibieron una condena penal en la provincia de Neuquén y, tras estar privados de libertad en dicha provincia, fueron traslados a otros centros de detención del ámbito federal ubicados a grandes distancias (entre 800 y 2.000 kilómetros) del lugar de donde se encontraban sus núcleos familiares y/o afectivos", explicó la CIDH en un comunicado.

    Está dispersión choca "con la responsabilidad internacional por la violación de los derechos a un trato humano y con dignidad, a que la pena tenga un fin resocializador, a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida familiar y a la protección de la familia".

    "La CIDH determinó que los traslados tuvieron un impacto en la posibilidad de recibir visitas periódicas de sus núcleos familiares y afectivos y, por lo tanto, en la posibilidad de mantener contacto con las personas más allegadas", agregó.

    Por ello, la CIDH "recomendó" a Argentina "reparar integralmente las violaciones a los Derechos Humanos encontradas, incluyendo una debida compensación que incluya el daño material e inmaterial causado", así como garantizar medidas de que no se repitan.

    Al considerar que Argentina "no cumplió con las recomendaciones", la CIDH presentó el caso ante la CorteIDH el pasado 11 de enero.

    Este caso permitirá a la CorteIDH sentar jurisprudencia en el ámbito aún no abordado del derecho a la visita familiar de las personas privadas de libertad, según la Comisión.

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