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El fin de la emergencia económica en la Argentina

elEconomistaAmérica.com | Argentina - 14:37 - 24/01/2018
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    La huída en helicóptero del expresidente Fernando de la Rúa, emblema del desastre económico de 2001.

    Por Juan Santiago Ylarri* (Especial para El Economista)

    En el año 2001, en la Argentina se suscitó una de las crisis económicas y sociales más grandes de su historia. Esta crisis no sólo afectó a las relaciones económico-financieras, sino que trascendió a todos los ámbitos sociales e institucionales. Para combatir aquella emergencia, el Congreso de la Nación, en el mes de enero de 2002, dictó la ley 25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

    Mediante aquella ley, se delegó al Poder Ejecutivo Nacional numerosas facultades cuya competencia corresponde constitucionalmente al Congreso. La delegación de facultades legislativas está prevista en la Constitución, pero se admite de modo excepcional. El texto constitucional establece una serie de requisitos que esa delegación debe cumplimentar. ¿Cumplía la ley 25.561 con estos requisitos? Veamos.

    La delegación legislativa se admite únicamente en materias determinadas de administración o de "emergencia pública". Si bien este último vocablo es muy amplio, lo cierto es que la crisis del año 2001 claramente se encuadraba en aquel concepto.

    Por otro lado, el Congreso debe establecer las "bases" de la delegación. Esto implica que el Congreso no le puede delegar determinadas facultades al Presidente de un modo demasiado genérico o indeterminado, sino que debe establecer un patrón o una directriz clara o, como señala la Suprema Corte norteamericana, "inteligible".

    Pero quiero detenerme especialmente en otro requisito de la delegación, el cual es que contenga un plazo para su ejercicio. Es decir, el Congreso puede delegar excepcionalmente ciertos poderes al Presidente, pero dentro de un margen de tiempo. La Constitución no establece un plazo máximo, pero al ser un instituto excepcional, se desprende que su duración debe ser breve.

    Aquí radica precisamente el problema de esta ley. Si bien originalmente su duración iba a ser de dos años, el Congreso fue prorrogando la ley en numerosas ocasiones, la última vez, por la ley 27.200 hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en que cesó la delegación y se puso fin a la declaración de emergencia. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, ya que la ley continúa vigente en un determinado aspecto. En el mes de diciembre de 2016, se dictó la ley 27.345 que prorrogó la "emergencia social", declarada por primera vez en el mes de enero de 2002, hasta el mes de diciembre de 2019. La continua prórroga de esta ley ha constituido una burla a la Constitución nacional, ya que se había convertido en regla lo excepcional.

    Si bien la Corte Suprema ha reconocido desde hace mucho tiempo que "acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios", es evidente que determinadas facultades extraordinarias, como la delegación legislativa, se justifican únicamente si existe una genuina situación de emergencia que enfrentar. Pero precisamente no es lo que ha ocurrido en este caso. A modo de ejemplo, cabe recordar la situación paradójica que se produjo en el año 2009. El mismo día en que se debatía en el Congreso la ley de prórroga de la emergencia económica, el Jefe de Gabinete de Ministros, al explicar en el mismo Congreso la ley de presupuesto para el año siguiente, señaló que el país había tenido un crecimiento excepcional que, en el período 2003-2008, había sido de un 8,5% del producto bruto interno. ¿Cómo puede entonces admitirse la validez de una norma que declara la emergencia económica cuando la realidad muestra exactamente lo contrario?

    Los constitucionalistas debaten si la apreciación de la existencia de las circunstancias fácticas de emergencia le corresponde únicamente a los órganos políticos -al Congreso o al Presidente, en su caso- o al Poder Judicial. Considero que los jueces, en un caso particular, pueden revisar que efectivamente exista una situación de emergencia económica que sirva de base para la vigencia de una ley de emergencia, y en caso de que aquella circunstancia de crisis alegada por el legislador no exista, se declare a la norma inconstitucional.

    Sin lugar a dudas, el fin de la emergencia económica es una excelente noticia y merece ser celebrada, ya que la lógica de la emergencia es inversamente proporcional a la lógica del Estado de Derecho. En la Declaración Francesa de 1789 se afirma que "toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución". La emergencia económica erosiona precisamente esas dos cuestiones, ya que por un lado, permite una mayor restricción a los derechos individuales y, por el otro, incrementa las potestades del Poder Ejecutivo en detrimento del Congreso de la Nación. Así, la división de poderes se desnaturaliza, en detrimento del Estado de Derecho.

    Pero también, lo acontecido debe servir de enseñanza para el futuro. Se debe velar por que se viva en un sistema estable de reglas, y que cuando exista una auténtica crisis económica, las medidas que se adopten sean verdaderamente "acciones quirúrgicas de emergencia", expresión utilizada alguna vez por el Tribunal Constitucional español, y no normas destinadas a permanecer por décadas en el sistema jurídico, con un claro deterioro de la división de poderes, la institucionalidad y la seguridad jurídica.

    * El autor es Master en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

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