Economía

Fernández pide al FMI una moratoria en el pago de la deuda de Argentina: "Si pagamos, hundimos la economía"

  • El Gobierno no encuentra compradores para unos bonos en pesos
Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: Europa Press.

Este miércoles, una delegación del FMI llegará a Argentina para renegociar durante una semana las condiciones de pago de los 44.000 millones de dólares que la institución prestó al país en 2018. Enfrente se encontrarán al presidente, Alberto Fernández, que ya avisó en una entrevista el lunes por la noche de que no pueden pagar: "Objetivamente no podemos cumplir", dijo en Radio Continental.

Su objetivo, y el de su ministro de Economía, Martín Guzmán, es que el FMI apruebe una moratoria de al menos tres años en el pago de la deuda, de forma que puedan destinar esos ahorros a invertir y reactivar la economía. "Quisiéramos destinar el pago de la deuda a la reestructuración de la economía. Si pagáramos, igual no nos va a alcanzar, pero estaríamos sumiendo a la economía en una postración absoluta", dijo Fernández.

Su modelo es el que ya acordó durante su etapa como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner -similar a un primer ministro- tras el 'default' que siguió al corralito. En aquella época, un acuerdo de moratoria con la mayoría de los acreedores permitió destinar todos los dólares que tenían a inversión y llevar al PIB a unas tasas de crecimiento de entre el 8% y el 9% anual.

Así, Fernández bucaría ahora algo muy parecido: no tener que pagar ni los intereses ni el principal durante la mayor parte de su mandato, hasta al menos 2023, y poder centrarse en reactivar la economía en vez de "gastar dólares que nos hacen falta para importar". Una concesión así sería muy útil en un país que sufrió una caída del PIB del 3% el año pasado y que podría peder otro 1,3% en 2020, según las previsiones del propio FMI.

Sin embargo, los planes iniciales del FMI serían otros. Según informa la prensa local argentina, el organismo querría una quita del 15-20%, con más plazos y menos intereses, a cambio de que el Gobierno se comprometa a tener un superávit primario (antes de pagar los intereses) y sume a sus planes a la mayoría de los acreedores privados. Esto último es el mayor obstáculo: todavía resuenan en Buenos Aires las batallas de los gobiernos kirchneristas contra los "fondos buitre" que compraron deuda argentina en impago a precios de liquidación y rechazaron sumarse a la reestructuración para exigir el pago íntegro del nominal.

Bonos sin compradores

Por el momento, las señales de confianza no abundan. El lunes, el Tesoro no encontró compradores para tres bonos por valor de 50.000 millones de pesos (unos 750 millones de euros) con los que esperaba hacer frente a vencimientos de 100.000 millones de pesos (1.500 millones de euros) este jueves. El tipo de interés solicitado era demasiado alto -rondando un 10% anual sobre la tasa de inflación- y el Gobierno suspendió la emisión.

Ahora, su decisión deberá ser muy dura: o entra en default oficial, dejando impagado un bono en pesos justo cuando el FMI está en el país; o tira del Banco Central como prestamista de último recurso y paga el bono imprimiendo de forma urgente 100.000 millones de pesos, un 6% de todo el dinero en circulación, con los efectos que eso supondrá sobre una inflación que ya supera el 50% anual.

La crisis de deuda ha sido lo primero que se ha encontrado el peronismo nada más regresar al poder. Ahora la duda es si podrán manejarla, o si se llevará por delante a la economía en un momento muy delicado. Por el momento, el primer antecedente, la crisis de la deuda de la provincia de Buenos Aires, deja pistas: tras semanas de negociaciones fallidas, el gobernador, Axel Kicillof, se rindió la semana pasada y anunció que pagaría el bono con fondos propios y buscaría renegociar los futuros.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum0
forum Comentarios 0
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.