Economía

El creciente intervencionismo estatal en la economía argentina

Telecomunicaciones

Por Juan Santiago Ylarri* (Especial para El Economista América)

Con el dictado del decreto de necesidad y urgencia 690/20 el Presidente ha dado un nuevo paso en la escalada intervencionista del Estado en la economía argentina. La norma declara a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales. Al mismo tiempo, establece como servicio público a la telefonía fija móvil, disponiendo que los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La finalidad del decreto -según el mismo expresa- es garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de las TIC.

Esa norma se suma a numerosos medidas dispuestas desde el comienzo de la crisis sanitaria del Covid-19, con gravísimas consecuencias económicas y sociales. A mediados del mes de marzo, el Presidente dispuso para todo el país un "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que seguirá vigente al menos hasta el mes de octubre en gran parte del territorio argentino. Al mismo tiempo, a través de decretos presidenciales con fuerza de ley, se dispusieron numerosas medidas, como las que ordenaron la abstención del corte de servicios en caso de mora o falta de pago; el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias; la suspensión de desalojos, la prórroga de los contratos de locación y congelamiento del precio de alquileres; y la prohibición de los despidos sin justa causa, entre muchas otras.

La declaración de una actividad como servicio público supone que el Estado sustraiga, total o parcialmente, del terreno de libre mercado la satisfacción de determinada necesidad de naturaleza económica, para someterla a un régimen de derecho público con un amplio control y regulación estatal. Una de las principales cuestiones que se plantean del dictado del decreto 690/20 es si la declaración de la telefonía fija, móvil, internet y la televisión paga como servicio público debería haber sido declarada por una ley formal del Congreso. El artículo 42 de la Constitución argentina reconoce los derechos de los consumidores y usuarios de servicios públicos y, entre otras cuestiones, prevé que la "legislación" establecerá "los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional". Aquí se presenta la duda si cuando el texto se refiere a la "legislación", hace alusión a la legislación formal o bien podría incluir la reglamentación administrativa. Gran parte de la doctrina ha entendido que por elementales razones de seguridad jurídica, el establecimiento de un régimen que supone la máxima regulación estatal debe ser realizado por ley. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que si bien los servicios públicos principales han sido establecidos por ley, hay antecedentes de declaración de servicio público por decreto, como la concesión de servicios aeroportuarios.

¿Es constitucional declarar un servicio público a través de un decreto de necesidad y urgencia?

Otra cuestión a analizar es la constitucionalidad del mecanismo normativo escogido -un decreto de necesidad y urgencia, análogo a los decretos-leyes en España- y si se configuraban las circunstancias de hecho habilitantes para su dictado. Sobre la cuestión, cabe destacar -como ha dicho la Corte Suprema- que con un lenguaje firme y explícito la Constitución Nacional prohíbe al Presidente de la República, como regla general, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esta es una pauta importante al momento del control de constitucionalidad de estas medidas.

Por otro lado, la Constitución argentina veda el dictado de este tipo de decretos, en materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. La creación de servicios públicos claramente no se inserta en aquellas materias. Pero ello no obsta a que, en virtud de lo establecido en el art. 42 ya citado, sea exigible que la declaración de un servicio público sea por ley formal del Congreso. La importancia de la cuestión radica también en la deliberación y la discusión pública que rodea la sanción de una ley, lo que implica una garantía frente al error y el autoritarismo. Por el contrario, el contenido de un decreto de necesidad y urgencia, que cuenta con fuerza de ley, es conocido una vez publicado.

La Constitución admite la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes". Estando el Congreso en sesiones, no se advierte la necesidad y urgencia en su dictado. Tampoco se observa en los considerandos del decreto una adecuada justificación sobre las circunstancias antedichas. La norma se limita a señalar que la emergencia sanitaria genera "una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección" del derecho al acceso a las TIC. Sin embargo, si la protección de un derecho fuera justificativo suficiente para acudir al dictado de un decreto de necesidad y urgencia, no existiría límite alguno a la utilización de este mecanismo normativo para satisfacer cualquier necesidad de la población.

Cabe resaltar también la recurrente tendencia a modificar con carácter permanente relaciones jurídicas a través de decretos de necesidad y urgencia. Este mecanismo, debería limitarse a "acciones quirúrgicas de emergencia", expresión utilizada alguna vez por el Tribunal Constitucional español, es decir, que tengan por finalidad paliar una situación coyuntural, y no modificar normas con carácter permanente, como ha ocurrido en el caso analizado.

En definitiva, para asegurar un adecuado acceso de la población a los servicios de las TIC podrían haberse utilizado otros mecanismos de control ya previstos, como la aplicación de la ley de defensa del consumidor y la ley de defensa de la competencia. Incluso, la ley 27.078, que en el año 2014 había declarado de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, ya garantizaba la prestación de un Servicio Universal, a fin de asegurar el acceso del servicio a todos los usuarios. Sin embargo, siguiendo la tendencia de las medidas adoptadas en los últimos meses, se ha optado por un intervencionismo sumamente intenso que pone en riesgo, una vez más, la seguridad jurídica en el país, con las consecuencias negativas que ello conlleva.

* Juan Santiago Ylarri es Doctor en Derecho (Universidad de Buenos Aires) y autor del libro "La Emergencia Económica".

comentariosforum0WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin