Politica

Coronavirus: ¿Son constitucionales las medidas adoptadas por Alberto Fernández?

Alberto Fernandez, presidente argentino. Foto: Reuters

Por Juan Santiago Ylarri*

El Coronavirus ha generado una crisis sin precedentes a nivel mundial, con consecuencias no sólo sanitarias, sino también económicas y sociales. Esta situación ha hecho poner la atención al modo en que los diferentes Estados combaten la pandemia.

En Argentina, el Presidente ha tomado distintas medidas, muchas de ellas adoptadas a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia. Una de las primeras fue la aprobación del decreto 260/20, por la cual se amplió la emergencia pública en materia sanitaria declarada en la ley de emergencia 27.541, aprobada por el Congreso en el mes de diciembre de 2019. Así, el decreto otorgó numerosas facultades al Ministerio de Salud para combatir la pandemia, como fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos, u otros insumos críticos, estableció que en determinados casos debería guardarse un aislamiento obligatorio, y que se suspenderían los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de determinadas "zonas afectadas" durante un determinado plazo. Ante el avance de la pandemia, se prohibió el ingreso al territorio argentino a personas extranjeras no residentes en el país, impedimento que se extendió incluso a personas residentes en el país y a los argentinos con residencia en el exterior.

Días después, se dictó el decreto 297/20 a través del cual se estableció un "aislamiento social, preventivo y obligatorio", prohibiéndose la realización de eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, y la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas.

Estas normas fueron complementadas por otras disposiciones como las que dispusieron la abstención del corte de servicios en caso de mora o falta de pago, el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, la suspensión de desalojos, la prórroga de los contratos de locación y congelamiento del precio de alquileres, la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de las remuneraciones, y la prohibición de despedir a empleados sin justa causa, ente muchas otras.

Las situaciones excepcionales y los institutos de emergencia

Las medidas como las descriptas en épocas normales serían claramente inconstitucionales. En efecto, las constituciones constituyen un determinado proyecto en relación con una situación normal y previsible. Sin embargo, como en la realidad pueden llegar a configurarse situaciones excepcionales, como las que estamos viviendo, en las que las constituciones no pueden dar respuesta adecuada para estos problemas, los textos constitucionales incorporan en su ordenamiento un modo alternativo de organización del poder, que supone que algunas previsiones de la Constitución puedan ser suspendidas.

De este modo, antes ciertas "situaciones excepcionales" se prevén ciertos "institutos de emergencia", que son creaciones del derecho que importan medidas para contener, atenuar o subsanar las emergencias. Estos institutos presentan dos características fundamentales. Por un lado, acrecientan ciertas competencias del poder, reforzando algún órgano del poder, en particular, el Poder Ejecutivo. Por el otro, originan una restricción a las libertades, derechos y garantías individuales. Esto es precisamente lo que ocurre en esta emergencia sanitaria, con consecuencias económicas y sociales, en la cual el Poder Ejecutivo ha reforzado su poder, y se han restringido numerosos derechos constitucionales. Pensemos que con la adopción de las medidas no pueden hacerse cosas tan elementales como transitar por la calle, abrir las puertas de un comercio, asistir a un recital, un partido de fútbol o a una ceremonia religiosa, o salir a correr por un parque, cuestiones que actualmente están vedadas.

En cuanto a los institutos de excepción previstos en Argentina, la Constitución histórica de 1853/60 reguló el estado de sitio, aplicable a las emergencias de la guerra "ataque exterior" y a la "conmoción interior"; y la intervención federal. Luego de la reforma de 1994, se admitieron dos tipos más de emergencias. Por un lado, la delegación legislativa, es decir, que el Congreso puede delegar al Presidente determinadas facultades, cuando exista una "emergencia pública", fijando las bases de la delegación y dentro de un plazo. Por otro lado, se incorporaron los decretos de necesidad y urgencia, que proceden solamente cuando "circunstancias excepcionales" hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes.

¿Estado de sitio o decretos de necesidad y urgencia?

Distintos juristas han debatido si ante esta crisis correspondía declarar el estado de sitio. Si bien el texto constitucional prevé el instituto para casos de "conmoción interior", debe precisarse que no basta sólo esta circunstancia para que se habilite el estado de sitio, sino que esta situación debe, por un lado, poner en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella y, por el otro, debe existir perturbación del orden. Considero que, al menos en las actuales circunstancias en las que se encuentra el país, es dudoso que se reúnan todos estos requisitos en el caso de la pandemia del Coronavirus.

Es cierto que otros países, como España, han acudido a otros institutos de excepción y no al dictado de decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, cabe señalar que en aquel país no se acudió al dictado de un decreto-ley, sino que se declaró el estado de alarma, el cual está previsto, entre otros supuestos, expresamente para "crisis sanitarias, tales como epidemias". De este modo, teniendo en cuenta los distintos institutos de excepción contemplados en la Constitución Argentina, creo que es admisible que se utilice un decreto de necesidad y urgencia para combatir una emergencia como la suscitada por el Coronavirus.

Sin embargo, quiero destacar otra cuestión. El decreto 260/20 incurre en una confusión relevante, pues en su art. 1° amplía la "emergencia pública" en materia sanitaria establecida por ley de emergencia 27.541. Como señalé antes, la reforma constitucional introdujo dos institutos de excepción nuevos. Por un lado, la posibilidad que el Congreso declare una "emergencia pública" y delegue determinadas facultades al Poder Ejecutivo, o bien que el Poder Ejecutivo, sin intervención previa del Congreso, dicte un decreto con fuerza de ley. Pero lo que no puede hacer el Presidente es ampliar una "emergencia pública", pues precisamente es al Congreso a quien le corresponde declarar las características de la "emergencia pública" y delegar atribuciones al Poder Ejecutivo. El Presidente no podría "auto-delegarse" funciones legislativas. La confusión de ambos institutos en que incurre la norma es clara.

Para finalizar, quiero destacar la importancia de los otros dos poderes del Estado. A pesar de los recaudos que hay que adoptar para evitar la propagación del virus, considero que el Poder Legislativo no puede seguir al margen de la toma de decisiones. Su accionar no debe limitarse al control político que le compete sobre los decretos de necesidad y urgencia, sino también en la deliberación de medidas a adoptar para solucionar las crisis en que nuestro país se encuentra sumergido hace casi un siglo. A su vez, es sumamente importante en esta nueva crisis el rol del Poder Judicial en el control de las medidas que adopten los poderes políticos, para asegurar la razonabilidad de las medidas, la vigencia de los derechos y la supremacía constitucional.

* Doctor en Derecho y autor del libro "La Emergencia Económica".

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