Politica

Imputan al jefe de gobierno porteño por "privatizar" vacunas contra la Covid-19

Fernán Quirós y Horacio Rodríguez Larreta fueron imputados por la "privatización" de las vacunas en Buenos Aires.

Imputaron al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de salud, Fernán Quirós, por la presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. El juez federal Ariel Lijo ordenó un allanamiento en el Ministerio de Salud de la Ciudad para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.

El fiscal Carlos Stornelli imputó a ambos funcionarios luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados. De esta manera se dio impulso a dos denuncias recibidas en las que se apuntó a "las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Lijo también libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que le informe exactamente cuántas dosis de la vacuna se entregaron a la Ciudad de Buenos Aires. Los investigadores buscan determinar cuántas dosis recibió la Capital, cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada y bajo qué criterios se suscribieron convenios y, finalmente, a quiénes se inoculó.

El magistrado también ordenó un allanamiento en la sede de la organización Encuentro Vecinal Sur, uno de los lugares dispuestos para la vacunación por el gobierno porteño. La orden se origina en la denuncia que afirma que esa locación pertenece a un local partidario de Juntos por el Cambio, partido que gobierna la Ciudad, lo que constituiría un uso político de las vacunas conseguidas por el Estado Nacional.

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, quien apuntó a la firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus "otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población". "Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal", afirmó.

Por otro lado, la titular de PAMI, Luana Volnovich, criticó al gobierno porteño ante la respuesta a la denuncia y expresó que "si la decisión de la Ciudad es para descentralizar el plan de vacunación o porque no cuenta con capacidad para llevar adelante el plan de vacunación, el PAMI pone su red a disposición del gobierno de la Ciudad". A la vez, destacó que PAMI cuenta con más de 100.000 afiliados mayores de 80 años en la Ciudad de Buenos Aires, lo que la convierte en la obra social con más afiliados. "La privatización de la vacuna habla de una concepción política y genera una falta de equidad en la distribución", apuntó en declaraciones radiales en relación a esta distribución en organismos privados.

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