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Exigen cuatro medidas prioritarias para reformar el financiamiento de la política

elEconomistaAmérica.com | Argentina - 10:14 - 20/07/2018
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    Macri y Vidal, al ganar las elecciones. Esta semana se comprobó que utilizaban aportantes truchos para financiar la campaña.

    A seis meses de que comience el ciclo electoral de 2019, Poder Ciudadano y CIPPEC piden una reforma legal del financiamiento de las campañas y los partidos políticos, que limite el abuso de los recursos públicos, aliente la declaración del dinero que usan partidos y campañas, y comprometa a las provincias con reglas y controles consistentes con el régimen nacional.

    Para una reforma de la ley de financiamiento, las entidades propusioeron estas cuatro medidas prioritarias:

    1) Hacer que el dinero sea trazable. Prohibir los aportes en efectivo y mediante depósito bancario para que sólo puedan realizarse por medios trazables. También hay que permitir la devolución de los aportes que los partidos y alianzas detecten como sospechosos.

    2) Regular la publicidad oficial. Regular la publicidad oficial para que no pueda usarse nunca de manera partidista y para que no pueda emitirse ni distribuirse durante el período formal de la campaña.

    3) Controlar durante la campaña. Las agrupaciones deben informar ingresos y gastos en el momento en que los reciben y los hacen y que esa información se publique durante la campaña.

    4) Comprometer a las provincias. Hay que disponer que las provincias que celebren sus elecciones en forma simultánea a las nacionales deban adherir al régimen de financiamiento del nivel nacional. Además, las provincias tienen que hacer su parte: las elecciones provinciales y municipales también requieren dinero y las agrupaciones no pueden quedar al margen de la obligación de rendir cuentas.

    Lo que se pide

    Dicen las entidades en un counicado que "luego de cada elección se produce un nuevo escándalo relacionado con el financiamiento de las campañas. Falsos aportantes, donaciones encubiertas de empresas y discrepancias entre los gastos que se declaran y las acciones que se despliegan, son todos síntomas de un patrón generalizado y persistente".

    La forma en que se financia la política partidaria y electoral "es uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia argentina". El dinero de la política circula por canales informales porque proviene de fuentes no permitidas y porque se recauda y se gasta en efectivo.

    La ley permite las donaciones en efectivo y mediante depósito bancario, dos medios de pago que no se pueden trazar. Así, y a diferencia del resto de las personas jurídicas que aceptan donaciones, partidos y alianzas permanecen al margen de los controles del sistema financiero para prevenir el lavado de dinero. "Esto pone a toda la estructura en una situación de extrema vulnerabilidad: nadie está a salvo de recibir dinero ilícito", explicaron.

    La falta de regulación de la publicidad oficial "inclina la cancha en favor de los oficialismos de todos los niveles que hacen proselitismo todo el año mientras que sus contrincantes están limitados a un breve período de campaña", denunciaron Poder Ciudadano y Cippec.

    y añaden: los controles judiciales ex post no disuaden. Los problemas de las rendiciones se detectan, pero la desaprobación llega cuando los representantes ya fueron electos y las alianzas ya se disolvieron. Hoy los candidatos pueden mirar para otro lado porque las sanciones las reciben los responsables de campaña y los partidos, que pierden los aportes públicos.

    La ausencia de regulación en las provincias sirve de salvoconducto: todo lo que no se puede justificar siempre puede imputarse a la campaña provincial donde no hay límites ni obligación de rendir cuentas, continúa el parte informativo.

    Para luego advertir: esta forma de funcionar es muy peligrosa. Es opaca, porque impide que los votantes conozcan quién financia a los distintos candidatos. Es inequitativa, porque encubre al poder económico que busca influenciar la política pública. Es una amenaza para la integridad, porque genera el riesgo de atraer dinero de la corrupción y otras actividades ilícitas. Es ineficiente, porque mitiga todo el efecto nivelador que se busca con los aportes públicos y porque cuando el dinero se mueve en efectivo, no hay forma de garantizar que los fondos que se donan y se recaudan, se destinen a la campaña, concluyen.

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