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Corrupción política en Argentina y la inmunidad de arresto de los legisladores

elEconomistaAmérica.com | Argentina - 14:07 - 18/09/2018
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  • ¿Por qué CFK no va a la cárcel pese a ser procesada con prisión preventiva?

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Cristina Fernández fue procesada con prisión preventiva. Sin embargo, no irá a la cárcel por su condición de senadora.

Por Juan Santiago Ylarri * (Especial para El Economista América)

Poco menos de tres años después de dejar la presidencia, Cristina Fernández fue procesada por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y por admitir dádivas. Al mismo tiempo, el magistrado decretó la prisión preventiva y le trabó embargo por una suma de cuatro mil millones de pesos argentinos, una suma que supera los ochenta millones de euros. Sin embargo, la ex presidenta actualmente es senadora por la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿puede ser arrestada mientras ejerza su función legislativa?

La Constitución argentina ha reconocido ciertas prerrogativas a los legisladores, llamadas de tipo personal: la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. De modo complementario a esta última, prevé la posibilidad del desafuero. En rigor de verdad la Constitución en el único lugar que se refiere a los fueros es en el artículo 16, el cual reconoce el derecho a la igualdad, y los menciona precisamente para prohibirlos. Por ello, no es adecuado llamarlos privilegios o fueros.

En efecto, los legisladores cuentan con inmunidad de arresto, la cual constituye una garantía institucional de los electores, y tiende a prevenir los arrestos políticos o persecuciones oficialistas. Es una prerrogativa que no contempla a las personas, sino que es una garantía al libre ejercicio de la función legislativa para mantener la integridad de los poderes del Estado. La Corte Suprema argentina ya señalaba en 1893 que no se trata de una garantía a favor del individuo mismo a quien se le otorga la inmunidad, sino que se trata de asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución.

Sin embargo, no puede ocultarse que existe la impresión de que la inmunidad de arresto, lejos de cumplir con los altos fines políticos con el que fue pensado por el constituyente, es una forma de escapar a las órdenes de arresto dispuestas por el Poder Judicial.

Ahora bien, ¿qué dice la Constitución argentina al respecto? El artículo 69 establece que ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, con la única excepción que sea sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito. Cuando exista una causa judicial en la que se investigue a un legislador, el artículo 70 estipula que, a requerimiento del juez, la Cámara respectiva –Diputados o el Senado–puede, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Estas normas suscitaron diversas interpretaciones. Algunas fueron aclaradas por la jurisprudencia del máximo tribunal del país; otras, por la ley 25.320, que tuvo como objetivo limitar la desmesurada aplicación que se le había dado a la inmunidad de arresto. Así las cosas, si bien en un caso judicial de 1996, la Corte Suprema había señalado que violaba la inmunidad de arresto la decisión de un juez que dictó la prisión preventiva de un senador, por el contrario la ley reglamentaria, del año 2000, estableció que si se dictaba alguna medida que vulnerase la inmunidad de arresto, la misma no podría hacerse efectiva hasta tanto el legislador sea separado de su cargo. Este es el supuesto en que se encuentra Cristina Fernández. Por lo tanto, el magistrado del caso dispuso solicitar al Senado el desafuero de la ex presidenta, con el fin de cumplir con la prisión preventiva allí establecida, aunque lo dejó supeditado a que el tribunal de apelaciones confirme la medida.

El rol del Congreso

Ahora bien, ¿es revisable la decisión del senado de conceder o no el desafuero? En principio no. El órgano legislativo adopta la decisión con entera libertad y, al ser un órgano político, su decisión estará teñida de consideraciones de esa especie. Claro está, será revisable judicialmente en caso de que, por ejemplo, no se reúna la mayoría de los dos tercios exigida constitucionalmente. Sin embargo, la decisión de otorgar o no el desafuero se realiza en un "juicio público", dice la Constitución, con el fin de que los ciudadanos puedan conocer la determinación que en el caso adopten sus representantes. Así podrán castigarlos luego con su voto, en la medida que consideren que protegen a un colega legislador contra una medida adoptada por el Poder Judicial en su función de administrar justicia.

El tiempo dirá como finalizará esta cuestión. Si bien el procesamiento no implica condena, sí supone una fuerte presunción de comisión de un delito. De este modo, aun cuando no se otorgue el desafuero, la ley reglamentaria admite que el proceso continúe hasta su "total conclusión". Cuestión que es muy adecuada, ya que la inmunidad prevista constitucionalmente es de arresto, no del proceso.

En definitiva, la inmunidad de arresto constituye una garantía institucional que tiende a asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos, sino también la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución. Pero sería catastrófico para la República que esta prerrogativa se convierta en una herramienta para que la corrupción política se mantenga impune.

* El autor es Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires.

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18-09-2018 / 22:46
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