Politica

La Corte Interamericana, la Argentina y el valor del diálogo

La Corte Interamericana, ante el desafío de articular mejor sus decisiones con los poderes nacionales.

Por Juan Santiago Ylarri *

Este año se cumplen cuarenta años del inicio del funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal fue creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en el mes de julio de 1978 y, casi un año después, en el mes de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron a los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión del tribunal se celebró en el mes de junio de ese mismo año.

A cuatro décadas de ese acontecimiento, la Corte Interamericana realizó el acto de apertura del período de sesiones extraordinarias en Argentina. A su vez, los magistrados del tribunal interamericano participaron de un seminario realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre los desarrollos jurisprudenciales y desafíos del tribunal para la protección de los derechos humanos.

En la apertura del mencionado seminario, el Presidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, se refirió a las grandes líneas que sigue el tribunal en su jurisprudencia. La primera de ellas trata de las situaciones donde existen graves violaciones a los derechos humanos. La segunda, hace alusión a los derechos humanos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. La tercera línea se refiere a las temáticas consustanciales a la democracia y al estado de derecho, como la libertad de expresión y en la transparencia en la gestión pública. La cuarta, se relaciona con los desarrollos recientes en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como el trabajo y la salud. Finalmente, la quinta línea rectora se vincula con la jurisprudencia en materia del concepto de reparación integral, el cual no se limita al pago de una indemnización, así como los precedentes que intentan poner fin a desigualdades estructurales. Luego de mencionar estas líneas jurisprudenciales, el Presidente del tribunal interamericano resaltó los avances de Argentina en cada uno de estos temas.

Sin perjuicio de ello, así como destacó los avances en materia de protección de derechos humanos, puso de relieve muchos desafíos y problemas no resueltos, como la intolerable violencia contra las mujeres, las desigualdades en el continente americano, y el descontento con el estado social de derecho y democracia, por la corrupción que afecta los derechos humanos, entre otros.

En este contexto, cabe resaltar la necesidad de que haya una verdadera interacción entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales nacionales para la efectiva protección de los derechos humanos. No debe olvidarse que el propio tribunal interamericano ha reconocido en numerosos casos que el Poder Judicial debe ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, debe tenerse en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana.

Sin embargo, recientemente en la Argentina ha habido un debate respecto de los alcances del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana en la Argentina. En efecto, en un caso el tribunal interamericano había ordenado dejar sin efecto una condena civil contra un periodista por entender que se había violado la libertad de expresión. La Corte Suprema argentina asimiló el pedido de "dejar sin efecto" la sentencia a "revocar" la misma, lo que consideró que no podía proceder, en tanto implicaría transformar a la Corte Interamericana en una "cuarta instancia" revisora de las sentencias dictadas por el máximo tribunal argentino, lo cual no estaba contemplado en el texto de la Convención Americana. En un pronunciamiento posterior, el tribunal interamericano expresó que el Estado no tenía necesariamente que "revocar" dicho fallo. Adujo que el Estado podía adoptar algún otro tipo de acto jurídico diferente a la revisión, por ejemplo, realizar algún tipo de anotación en la sentencia publicada, indicando que esa sentencia había sido declarada violatoria de la Convención Americana por la Corte Interamericana. Aquel requerimiento fue cumplido por la Corte Suprema argentina, aunque dejando en claro que admitía lo solicitado únicamente porque aquello no violaba los principios de derecho público establecidos en la Constitución argentina.

Puede decirse que ha habido un cortocircuito entre ambos tribunales, y en cierto aspecto hay un debate respecto de quien tiene la última palabra. En relación con esta tensión, cabe resaltar que recientemente cinco países, entre ellos la Argentina, elevaron una nota a la Comisión Interamericana solicitando reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, solicitaron que la Corte Interamericana aplique de forma estricta las fuentes de derecho internacional en la resolución de los casos sujetos a su conocimiento, y peticionaron que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados.

Creo que hay que desviar la atención sobre quien tiene la última palabra. Por el contrario, hay que poner el acento, en el marco de un diálogo amplio, en lograr consensos para una efectiva protección de los derechos humanos. Los presidentes de ambos tribunales se han expresado en ese sentido. Así, el Presidente de la Corte Interamericana, en la apertura del mencionado seminario, se refirió a la necesidad de un diálogo "constructivo, transparente y honesto" con todos los Estados para trabajar conjuntamente por los derechos humanos. En la misma línea, el Presidente de la Corte Suprema argentina, Carlos Rosenkrantz, en el discurso de apertura de las sesiones extraordinarias del tribunal interamericano, llevado a cabo en la sede del tribunal argentino, expresó que ese tipo de intercambios entre jueces era extremadamente valioso, y enfatizó que la verdad se encuentra mejor en actividad dialógica, es decir, en el intercambio de ideas. En efecto, se refirió al desafío institucional que tienen tanto la Corte Interamericana como las cortes nacionales en reflexionar acerca de cómo los tribunales pueden cooperar entre sí para proteger el sistema de derechos humanos de cualquier ataque. A su vez, expresó que los organismos jurisdiccionales debían reflexionar acerca de cómo se puede contribuir, sin violar la distribución de poderes y de trabajo y sin invadir la competencia de otros, a la misión de velar por la satisfacción efectiva de los derechos humanos de modo sostenido en el tiempo.

Es muy positiva la labor desarrollada en estas cuatro décadas por la Corte Interamericana en la protección de los derechos humanos. También son muchos los desafíos por delante. Es imprescindible que el tribunal interamericano encuentre en los tribunales nacionales verdaderos socios para el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención Americana. Para ello, es necesario que cada uno respete los límites de sus competencias, y exista un verdadero diálogo, razonado y prudente, que conduzca a una efectiva protección de los derechos humanos en la región.

* El autor es Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires.

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