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Perfil
    Wed, 06 Oct 2021 07:00:16 +0200

Un problema jurídico y no político, que además compete a los tribunales europeos. Las autoridades italianas intentan mantenerse alejadas del complejo caso de Carles Puigdemont. A nivel político el primer ministro Mario Draghi aseguró que no ha existido «ninguna comunicación» con el Gobierno de Pedro Sánchez en ocasión de la detención del ex president de la Generalitat el pasado 23 de febrero y de su puesta en libertad sin medidas cautelares un día más tarde. Y a nivel judicial el tribunal de Sassari (Cerdeña) decidió el pasado lunes congelar la entrega de Puidgemont a España a la espera de un veredicto del tribunal de Luxemburgo. La cuestión tiene apenas cobertura en los medios transalpinos, sumidos en la análisis de los resultados de las recientes elecciones municipales. Y de hecho la jueza que instruye el caso tiene el currículo perfecto para que la cuestión mantenga un perfil bajo y únicamente jurídico. Plinia Clara Azzena que decidió no aplicar alguna medida cautelar y que el pasado lunes junto a Salvatore Marinaro, y Maria Teresa Lupinu, congeló la extradición del ex president es una una magistrada con grande experiencia, "recatada" y que "rehúye" del protagonismo, según la prensa italiana que le atribuye "seriedad, responsabilidad y equilibrio"