La portavoz de JuntsxCat en el Congreso y desde la noche del pasado domingo candidata del partido a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, sentó las bases de la que será su estrategia para las elecciones catalanas del próximo febrero: la independencia como objetivo.
Según los últimos datos estadísticos, que remarcan que la Comunidad de Madrid es la administración autonómica de España que más aporta con la recaudación de sus impuestos a las arcas del Estado -hasta el 68% del Fondo de Garantía, frente al 21% que aporta Cataluña, con 12 impuestos más que Madrid-, de aplicarse en la región madrileña el modelo de fiscalidad del actual Govern catalán -formado por JxC; es decir, por la antiguos convergentes y por Esquerra Republicana-, un hogar madrileño tendría que pagar 2.001 euros más al año de lo que ya hace, lo que de manera global supondría un hachazo fiscal de 5.180 millones más al conjunto de los contribuyentes.
Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han retirado la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta enero de 2023 después de haber alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para promover esta medida a través de un real decreto.
El Gobierno y Esquerra Republicana han acordado en el Congreso aumentar en cinco millones de euros las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 dirigidas a subvencionar a las organizaciones sindicales. Esta partida presupuestaria se repartirá entre las organizaciones en proporción a su representatividad según los resultados en las elecciones sindicales e irán a financiar "actividades de carácter sindical".
El Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PSOE, Podemos, ERC, Más País y Bildu, ha rechazado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2021 que pretendía modificar el impuesto de matriculación para que la nueva normativa europea de emisiones WLTP no tuviese "impacto fiscal".
Como se esperaba, el Gobierno de coalición logra la aprobación de sus primeros Presupuestos en el Congreso. La tramitación en la Cámara incorporó 20 enmiendas, con un impacto de 3.000 millones.
Cuando a Miquel Iceta (Barcelona, 1960) le preguntas si sigue hablando con su amigo Pedro Sánchez o si las cosas han cambiado desde que es inquilino de La Moncloa, reconoce que ahora se ven menos pero siguen hablando a menudo por teléfono "porque le interesa mucho la situación en Cataluña". El primer secretario del PSC y presidente del grupo socialista en el Parlament de Cataluña es no solo amigo personal del presidente sino uno de los barones leales tanto en las duras, como ahora, en las maduras, y no sólo por su cercanía política e ideológica, sino por una relación de años. Iceta considera que ni "España nos roba, ni Madrid nos roba" porque todos pagamos impuestos y que el independentismo ha sido un fracaso que ha ahuyentado a inversiones y empresas.
El dictamen del Consejo Económico y Social (CESB) sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para 2021, aprobados el miércoles, echa en falta más bonificaciones específicas para las empresas, trabajadores y familias más damnificados por el Covid-19.
Javier Maroto (Vitoria, 1972) es un hombre amable y educado que hace honor a su profesión de economista, licenciado en Deusto, dando a los argumentos una precisión milimétrica. Durante la entrevista, el portavoz del PP en el Senado no da puntada sin hilo y afirma con rotundidad en varias ocasiones que "unos Presupuestos elaborados por todos los que odian a España serán muy malos para nuestro país". Si entras en sus cuentas de Instagram, Facebook o Twitter, ves como su actividad aumenta a diario y si intentas buscar un hueco en su agenda es casi misión imposible y no solo por sus responsabilidades en la Cámara Alta, sino porque, al ser miembro del comité de dirección del PP, está al tanto de casi todo lo que se mueve en el entorno de la calle Génova. Sigue siendo dentro del partido una especie de heterodoxo con un gran olfato político para ganarse a los ciudadanos de a pie y se le considera uno de los pata negra de Pablo Casado más mediáticos. En el encuentro no hay pregunta sin respuesta y no muestra incomodidad, ni siquiera se queja cuando este mismo jueves la entrevista tuvo que ser actualizada telefónicamente debido al asalto al Capitolio.
Hay cosas difíciles de entender. Una de ellas es la popularidad del aún titular de Sanidad, Salvador Illa. Que sea el segundo ministro más valorado tras Margarita Robles, titular de Defensa, después del caos sanitario, que provocó más de 70.000 muertos, según las cifras no oficiales, me trae en vilo. No supo anticiparse al coronavirus, (según él porque China engañó a todo el mundo); no supo organizar la desescalada; no puso suficientes rastreadores y aún no se conoce el misterioso comité de expertos, que condujo a todos estos errores. Encima, todo lo que representa dificultades lo delega en las autonomías, como ocurre en la distribución de la vacuna.
El PSC estaría en condiciones de ganar las próximas elecciones autonómicas en Cataluña tanto en votos como en escaños. Así se desprende del CIS preelectoral publicado este jueves con la fecha de la celebración en disputa después de que el TSJC haya suspendido cautelarmente el aplazamiento que las llevaba del 14 de febrero al 30 de mayo por la pandemia, una decisión que el tribunal ha ratificado este mismo jueves y sobre la que se pronunciará definitivamente antes del 8 de febrero.
La abstención de Vox y el voto favorable de Bildu han posibilitado la aprobación del decreto ley para la gobernanza de los fondos europeos, a pesar de que el voto en contra de Ciudadanos -sumado al del PP y ERC- hacía prever que la norma decayera.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves una nueva encuesta sobre las elecciones catalanas en la que se muestra que el PSC ganará con holgura los comicios en porcentaje de voto. Los de Salvador Illa consiguen una estimación de voto del 23,7%, casi cuatro puntos por encima de una ERC que obtiene un 19,9% y que la mayoría de sondeos dan por segura ganadora.
La petición de Salvador Illa en el trasiego de las elecciones catalanas para que el Gobierno del Estado condone las deudas que arrastran las comunidades autónomas anticipa, de salir adelante, un dispendio en Cataluña y una huida hacia adelante con un incremento de gasto irresponsable.
La desafección entre los ciudadanos y la política no es nada nuevo, traduciéndose en abstención en las citas con las urnas, pero en las elecciones al Parlament de Catalunya del próximo domingo 14 de febrero se le sumará el miedo al contagio de Covid-19, que también afectará a la propia constitución de las mesas electorales, hasta el punto de que ya se contempla tener que prolongar un día más los comicios para aquellas mesas electorales que no puedan ser constituidas el domingo por falta de integrantes -un cuarto de los citados han presentado recurso y se espera un elevado absentismo-, retrasándose también la publicación de resultados para evitar el voto táctico de los catalanes que voten más tarde según cómo fuese el recuento provisional.
La situación económica y social que ha traído consigo el separatismo en Cataluña no necesita muchos matices: división, enfrentamiento y ruina económica que la pandemia no ha hecho sino acentuar. En estas penosas condiciones se han convocado elecciones autonómicas para el próximo domingo.
Pasado mañana, Cataluña celebra sus quintas elecciones autonómicas en poco más de una década. Antes de que se abran las urnas, el independentismo deja ya clara su intención de que en el 14-F se repita el mismo escenario surgido tras todos esos comicios, al excluir toda posibilidad de acuerdo de Gobierno con el PSC.
Los datos del Registro Mercantil de los últimos cuatro años reflejan que Cataluña ha perdido en este tiempo un total de 7.007 empresas, que han decidido abandonar la región para instalarse en otro lugar de España. En este tiempo, la comunidad ha logrado atraer 2.509 sociedades desde otros puntos del país, lo que sitúa el saldo negativo de estos cuatro años en 4.498 empresas.
Después de ordenar uno de los encierros domiciliarios más severos del mundo durante el Estado de alarma, ahora no parece importar que miles de catalanes puedan infectarse por acudir a votar este domingo, 14 de febrero. El ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, antepone así la política a la salud de los ciudadanos.
Partido Socialista de Catalunya y Esquerra Republicana empataron este domingo a escaños en las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña, al cosechar cada uno de ellos 33 de los 135 escaños del Parlament. Esto supone un triunfo de la izquierda que abre la posibilidad a un tripartito progresista junto a En Comú Podem, pero ERC también tiene en su mano la posibilidad de fraguar una alianza independentista con Junts per Catalunya y la CUP.
A vuela pluma y a la espera de las negociaciones entre los partidos, ahora en serio, la primea reflexión a la que invita el día después de las elecciones catalanas del 14.F es que los resultados son malos para Cataluña, malos para España y desastrosos para el centroderecha constitucionalista que queda relegado a la irrelevancia en la segunda comunidad autónoma española por indicadores económicos y población, y abocado a una refundación y una refundición si quiere mantenerse como alternativa a Sánchez y al sanchismo.
El reparto de los escaños del Parlament de Cataluña que ha dejado el 14-F deja todas las posibilidades postelectorales abiertas y a la vez ninguna segura, por lo que tampoco es descartable una repetición electoral. Si se agotan todos los plazos, la nueva cita con las urnas llegaría en la segunda quincena de julio, pero para llegar hasta ese punto hay muchos pasos previos.
"Me sabe a humo, me sabe a humo". Esta copla de Los Chunguitos rondaba ayer en la mente de algunos dirigentes de Cepyme y de muchos pequeños y medianos empresarios cuando escuchaban al Presidente del Gobierno anunciar un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y trabajadores autónomos. Un conejo que Pedro Sánchez se sacó de la chistera para dar un titular a la opinión pública y la publicada con el que ocultar su pésima gestión de la pandemia -que era para lo que comparecía en el Congreso- y para evitar responder a las preguntas de sus señorías sobre la profunda división de su gobierno, las responsabilidades políticas de su vicepresidente segundo, los problemas judiciales, Caja B incluida, del partido coaligado en su gobierno, o de la niñera de su ministra de Igualdad pagada con dinero público.
La Ejecutiva de Junts ha aprobado que sus 32 diputados en el Parlament se abstengan en la votación del pleno de investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, que se celebrará este viernes, por lo que no será elegido presidente de la Generalitat en primera vuelta.
La lucha de ERC y Junts por la Consejería de SaludCerca de dos meses después de que se celebraran las elecciones en Cataluña, aún es imposible saber si los partidos independentistas serán capaces de ponerse de acuerdo para formar el próximo Govern. El enfrentamiento actual que mantienen ERC y Junts per Catalunya pudo comprobarse en las dos sesiones de investidura de Pere Aragonès, que fueron frustradas por la formación de Carles Puigdemont. Se rumorea que la Consejería de Salut, que ahora lidera Alba Vergès, es una de las causas que impiden el pacto de los indepes. Por lo que se comenta, ambas formaciones ambicionan dirigir este departamento de la Generalitat. Ninguna quiere ceder en este sentido, aseguran fuentes independentistas. Pero, ¿por qué ERC y Junts quieren Salut? Según se rumorea, lo que en realidad ambicionan ambos partidos es el control del Institut Català de Salut. Primero porque el director de esta entidad pública tiene un sueldo similar al de la propia Vergès, lo que convierte el puesto en ideal para pagar favores. Con todo, lo más importante es que este organismo presenta una gran libertad para gestionar uno de los presupuestos más altos que manejan los organismos adscritos a la Generalitat. El Institut es el que decide todos los aspectos sobre las compras de material sanitario para los hospitales y los centros de salud de Cataluña, añaden desde la Generalitat.