El Gobierno baraja la posibilidad de auxiliar a las empresas y autónomos más afectados por la crisis aplicando quitas parciales en los créditos ICO que hayan recibido, una parte de las cuales tendrían que ser asumidas directamente por los bancos que concedieron esos préstamos.
La banca se opone rotundamente al planteamiento del Gobierno de aplicar quitas a las empresas, pymes y autónomos que solicitaron los avales ICO para rebajar su carga financiera y otorgarles oxígeno para superar la crisis. Fuentes del sector financiero aseguran que de momento el Ejecutivo no ha tomado una decisión firme al respecto pero lamentan que, pese a la resistencia de las entidades, será el Gobierno quien tenga la última palabra.
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha descartado que haya urgencia a la hora de realizar quitas en los préstamos avalados por el ICO, medida que el Gobierno debate dentro de la estrategia de dar ayudas directas a las compañías más afectadas por al crisis. Roldán, que ha participado este jueves en la presentación del estudio de la Fundación de Estudios Financieros 'La gestión de la morosidad bancaria en la crisis del coronavirus' destacó que en estos momentos, con la ampliación de las carencias de pago y la extensión de los plazos de devolución de estos préstamos, "no estamos en una situación de extrema urgencia (respecto a las quitas) porque tenemos todo el ejercicio para evaluar la situación".
El término zombi aplicado a las empresas empezó a usarse en Estados Unidos en los años 80 para describir a las entidades financieras que se mantenían vivas gracias a las ayudas y permisibilidad de las autoridades económicas y deambulaban como los zombis de las peores películas de terror sin rumbo alguno y con dificultades para mantenerse en pie, persiguiendo algo de alimento que les permita seguir aferrándose a una especie de vida infame, que les priva de su voluntad y hasta de una muerte digna.
El Gabinete económico de Moncloa prepara nuevas medidas para aliviar la asfixia financiera que atraviesan muchas empresas y autónomos del tejido productivo español a causa de la pandemia, pero en su estrategia -pilotada por el Ministerio de Economía y el resto de carteras económicas- descarta las ayudas directas que sí dan otros socios europeos, como Italia o Alemania, las cuales Moncloa deja en manos de las autonomías que quieran implantarlas. Según fuentes conocedoras de los borradores que diseña el grupo interministerial, el Gobierno apuesta por sostener a las empresas vía incentivos fiscales, bien para que la banca haga quitas en los avales del ICO -medida que disgusta al sector financiero- o diferimiento de sus plazos de pago, bien para fomentar que los arrendadores aplacen el pago de los alquileres a los negocios más afectados por las restricciones de aforo y movilidad, la medida más inmediata que lanzará el Gobierno, según las mismas fuentes.
De aquí a Estambul, la gran preocupación en estos momentos es ¿cuántas empresas zombis dejará la crisis del coronavirus? Christine Lagarde o Ursula von der Leyen, las principales responsables europeos, advierten que es esencial mantener las sociedades viables, que pasen por un mal momento. Pero, ¿cómo identificarlas? y después, ¿cómo ayudarlas a sobrevivir?.
Las pymes y autónomos tienen hasta el próximo 15 de mayo para solicitar la ampliación de plazo y carencia en los préstamos con aval del ICO que pidieron para hacer frente a los problemas de liquidez provocados por la crisis del coronavirus, según destaca este martes la Plataforma Pymes.
"Me sabe a humo, me sabe a humo". Esta copla de Los Chunguitos rondaba ayer en la mente de algunos dirigentes de Cepyme y de muchos pequeños y medianos empresarios cuando escuchaban al Presidente del Gobierno anunciar un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y trabajadores autónomos. Un conejo que Pedro Sánchez se sacó de la chistera para dar un titular a la opinión pública y la publicada con el que ocultar su pésima gestión de la pandemia -que era para lo que comparecía en el Congreso- y para evitar responder a las preguntas de sus señorías sobre la profunda división de su gobierno, las responsabilidades políticas de su vicepresidente segundo, los problemas judiciales, Caja B incluida, del partido coaligado en su gobierno, o de la niñera de su ministra de Igualdad pagada con dinero público.
El Gobierno continúa sin revelar datos sobre cómo canalizará las nuevas ayudas, por valor de 11.000 millones, que destinará a mejorar la solvencia de los sectores más golpeados por la crisis, en especial el turismo y la hostelería.
El magistrado Juan José Escalonilla investiga a Juan Carlos Monedero por una factura presuntamente falsa de 26.000 euros que cobró de Neurona; Pablo Echenique fue sancionado por Hacienda por no pagar el IRPF de su asistenta e Irene Montero, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, coloca de adjunta a su jefa de gabinete, Teresa Arellano, para que haga de niñera con cargo a los Presupuestos del Estado. Y en Podemos aún se extrañan de que los youtubers, que ingresan cantidades millonarias, trasladen su domicilio fiscal a Andorra para rebajar su factura fiscal.
Si tuviésemos que participar en el concurso de Eurovisión para la economía, no cabe duda de que daríamos el cante pues nuestro país saldría inmortalizado como el que mayor caída económica ha sufrido, el de mayor incremento en la deuda pública, mayor déficit y mayor tasa de desempleo, un póker de ases en toda regla. Lo peor está por llegar cuando se abran las compuertas de la prohibición de despedir empleados en ERTE, de los concursos de acreedores y de la insolvencia empresarial, así como la finalización de ayudas a los autónomos, todo un tsunami que está por llegar y que comienza a mostrar señales de alerta desde hace tiempo, aunque algunos miren hacia otro lado.
A falta de que el paquete de ayudas valorado en 11.000 millones de euros, destinado a evitar los problemas de solvencia en las pymes y empresas más afectadas por el Covid-19, sea aprobado este martes en el Consejo de Ministros -tal y como ya adelantó elEconomista-, el Gobierno transmite ya que las quitas generalizadas de las deudas de créditos avalados por el Estado, a través del ICO, serán el instrumento de último recurso.
El Consejo de Ministros del martes aprobará los mecanismos para articular el nuevo paquete de ayudas, por valor de 11.000 millones, para los sectores más golpeados por la crisis. El Gobierno creará tres fondos con diferentes objetivos.
El Gobierno aprobará finalmente en un Consejo de Ministros Extraordinario convocado el próximo vienes el paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio, que se sustentará a través de tres fondos de apoyo directo a las empresas, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.
La declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) servirán de base para demostrarle a las comunidades autónomas que el volumen de operaciones ha caído un 30% con respecto a 2019 y, por lo tanto el empresario o profesional tiene derecho en el ejercicio 2020 a percibir las ayudas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. La concesión de ayudas acabará el 31 de diciembre de 2021.
La renegociación de los créditos que la banca tiene concedidos a las empresas se duplicó el pasado diciembre, coincidiendo con la aprobación por parte del Gobierno a mediados de noviembre de la ampliación de las carencias de pago y los plazos para devolver los préstamos avalados por el ICO. Concretamente, según los datos publicados por el Banco de España, las entidades que operan en nuestro país renegociaron créditos por valor de 3.625 millones de euros el pasado mes de diciembre, frente a los 1.768 millones de euros renegociados en el mes previo, un 105% más.
El Gobierno ha dejado pendientes de aprobación las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir para acogerse a las medidas para la reestructuración de deuda financiera Covid, incluyendo el plazo máximo para su solicitud. El Real Decreto Ley determina que se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.
Casi un año después del estallido de la pandemia, las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger la liquidez de las empresas españolas comienzan a mostrar sus resultados. Frente a la acogida generalizada de los créditos bancarios avalados por el Estado, solo 15 compañías han optado por emitir pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf), por un importe conjunto de 615 millones de euros. Esto supone apenas el 15% de los 4.000 millones de euros predispuestos a este fin.
Gonzalo Gortázar ha empezado a tomar las riendas del nuevo gigante financiero español, surgido de la fusión el viernes de CaixaBank y Bankia. El consejero de la entidad se muestra optimista sobre la recuperación de la economía a partir de la segunda mitad de este año, confía en que la morosidad bancaria se mantenga bajo control y suba menos de lo esperado, aunque continuará siendo prudente y elevará las provisiones.
El 23% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que cuentan con un crédito ICO no podrán acogerse a las ampliaciones de carencia y amortización por encontrarse en mora, con dificultad de pagar la cantidad percibida y ya vencida, según se deduce de las conclusiones del Barómetro de abril, elaborado por el Consejo General de Gestores Administrativos.
El Gobierno permitirá extender los préstamos otorgados con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde los 8 años máximos a 10 años y ampliar el periodo de carencia en su pago más allá de los dos años ya regulado gracias a la puesta en marcha de un Código de Buenas Prácticas para favorecer la reestructuración de deuda de empresas y autónomos.
El Código de Buenas Prácticas para la gestión de los créditos avalados por el ICO ya cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros. Debe celebrarse que quede atrás la polémica que enfrentó al Gobierno con la banca con motivo de la aplicación de quitas en estos préstamos.
El Gobierno aprobó el pasado martes el 'código de buenas prácticas' que regulará las condiciones para que los autónomos puedan acceder a quitas cuando no puedan cubrir el importe total de sus créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial).
Los empresarios y autónomos acogidos a los préstamos otorgados con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) van a poder ampliarlos desde los 8 años máximos que autorizaba el Gobierno hasta los 10 años, así como ampliar el periodo de carencia en su pago más allá de los dos años, como consecuencia de la puesta en marcha ya regulado gracias a la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas para favorecer la reestructuración de deuda de empresas y autónomos, que publicó el pasado jueves, 13 de mayo de 2021, el BOE.
Las debilidades de la economía española quedan al descubierto durante esta crisis. Una de ellas es que no se ha sembrado lo suficiente para dotarnos de más y mejor productividad, lo que enlaza con el tamaño de nuestras empresas, el empeño y pedagogía que desplegar para su crecimiento junto con un marco que favorezca crecer. Y otra fragilidad viene dada por nuestro modelo productivo, el de una economía excesivamente decantada hacia los servicios, a menudo de bajo valor añadido, con lo cual no se dan alicientes para la formación y que se ha ido desindustrializando.
El Gobierno aprobó este martes un nuevo tramo de líneas de préstamos ICO de 15.000 millones de euros. En concreto, 10.000 euros de esta dotación están destinados a uso exclusivo de autónomos y pymes, los 5.000 millones restantes recaerán en empresas de mayor tamaño; tal y como María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, durante el Consejo de Ministros.
En abril de 2021 la financiación a los hogares españoles sumaba 693.671 millones de euros, con freno de mano puesto en préstamos de vivienda y consumo, en tanto que la financiación a las sociedades no financieras 954.051 millones. En total, entre empresas y familias la deuda privada ascendía a 1.647.722 millones de euros que sobre el PIB de 2020 suponía el 146,8%. Si a ese importe le agregamos la deuda pública según el protocolo de déficit excesivo, que en marzo ascendía a 1.392.696 millones de euros más del 124% del PIB -, el monto total de deuda entre privada y pública se eleva a 3.040.418 millones de euros, equivalente al 271% del PIB de 2020. Por consiguiente, que España es un país fuertemente endeudado, con énfasis especial en los derroteros que va tomando nuestra deuda pública, es innegable.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra el Sabadell, Santander y CaixaBank (incluida Bankia) por posibles prácticas restrictivas en la venta de las líneas de avales ICO impulsadas por el Gobierno para ayudas a las pymes y los autónomos.
Esta adhesión permitirá a la entidad financiera reforzar la solvencia de empresas y autónomos.
El Consejo de Ministros ya ha anunciado los requisitos para acceder al sexto tramo de avales Covid-19 para pymes y autónomos. Ya está abierto el plazo para solicitar estas ayudas para el tejido empresarial nacional. Este apoyo financiero está dirigido a aquellos negocios que requieran liquidez o necesiten financiar sus inversiones.