La Agencia Tributaria extrema el control sobre los grandes patrimonios pertenecientes a particulares. No puede calificarse de otra forma la manera en que el Fisco multiplicó la apertura de expedientes a estos contribuyentes.

La intensificación de las inspecciones a empresas por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo en las últimas semanas está dando su fruto. Al menos, esta ampliación del número de visitas a empresas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo aplicados durante los peores meses de la crisis sanitaria en España ha servido para detectar ciertos fraudes tal y como aseguran fuentes ministeriales acerca del resultado que se está observando a partir de estas operaciones.

Entre abril y el 13 de agosto se han realizado casi 27.850 actuaciones de la Inspección de Trabajo para controlar que las condiciones de la aplicación de los Ertes por parte de las empresas se ajusta a la legalidad, según adelantan a eE fuentes del Ministerio de Trabajo. Dado que las empresas a las que se ha aprobado un Erte rondan las 530.000, el porcentaje de sociedades sobre las que ha actuado la Inspección es del 5,25% del total. No obstante, estas fuentes no han precisado cuántas de estas actuaciones han terminado en acta de infracción, pues el departamento que dirige Yolanda Díaz tiene previsto presentar un balance completo más adelante.

La radiotelevisión autonómica vasca acumula actas de infracción y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de las distintas provincias del País Vasco. A lo largo de 2019, EiTB ha sido obligada a regularizar la situación de laboral de más de medio centenar de personas por trabajar para la entidad como temporales cuando cubren una plaza fija o sin contrato. Es decir, como falsos autónomos.

Inspección de Trabajo ha dado de alta de oficio a casi 3.000 repartidores de Amazon Flex tras una denuncia interpuesta hace un año por UGT, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Los 956 inspectores de Trabajo más otro centenar de subinspectores están trabajando fines de semana y festivos para cumplir con las 250.000 actuaciones previstas este año con motivo de la pandemia. La pretensión del Organismo Autónomo de la Inspección -aunque se creó en 2015, el próximo ejercicio será el primer año que cuente con presupuesto propio- es que este 2020 se realicen 100.256 inspecciones relativas al fraude en los Ertes, en concreto en las prestaciones y la posible connivencia entre empresarios y trabajadores; otras 116.189 inspecciones derivadas de la habilitación que se otorgó a los inspectores en junio para que controlen y adviertan a las empresas del riesgo de la exposición al Covid-19 en los centros de trabajo, 30.813 informes de los Ertes y, finalmente, 2.876 inspecciones para investigar denuncias laborales de los trabajadores. En total 250.134 actuaciones.

El Ministerio de Trabajo controlará los algoritmos de las plataformas digitales para determinar si pueden operar con autónomos o, por el contrario, estarán obligadas a contratar asalariados. Lea: Deliveroo y Glovo presionan a Trabajo para evitar contratar a los autónomos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración.

La llegada del trabajo a distancia mediante la ley aprobada en septiembre del año pasado supone un reto para la Inspección de Trabajo que se ha marcado como un "objetivo prioritario" para los próximos tres años la "vigilancia del cumplimiento de esta Ley", según consta en el borrador del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo hasta 2023.

La Inspección de Trabajo ha remitido 45.000 cartas a personas que tienen empleados del hogar para que, en caso necesario, regularicen sus salarios y cotizaciones, algo que ha sido bien acogido por representantes de estos colectivos que, no obstante, lo consideran insuficiente y que llega con retraso.

Un 14% de las 15.000 empleadas del hogar que ya han visto regularizada su situación laboral a raíz de la Inspección de Trabajo para actualizar las condiciones de este colectivo han sufrido una reducción de la jornada laboral.

La aplicación descarada de la brecha de género salarial en una empresa de gestión de comedores escolares de Barcelona le ha valido una multa por infracción muy grave tras una inspección de la Generalitat de Cataluña. La sanción es de 15.625 euros, después de que la Inspección de Trabajo haya constatado una discriminación a las trabajadoras con sueldos inferiores a los de los hombres entre un 31% y un 39%, según informó este lunes el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha regularizado hasta el momento la situación laboral de casi 30.000 personas empleadas de hogar, 15.000 más que a principios de marzo, durante la primera fase de la campaña inspectora y de sensibilización de las personas empleadoras que concluyó el 31 de marzo y cuyo balance definitivo se ultima durante esta semana.

Una empresa de La Rioja ha sido multada por Inspección de Trabajo de la Seguridad Social por despedir a cuatro trabajadores que dieron positivo en Covid-19. La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, ha explicado en rueda de prensa que esta sanción es relevante porque "se trata de una actuación pionera en España y tiene un claro objetivo disuasorio de una serie de actividad que atentan contra derechos fundamentales de los trabajadores y que son disuasorios para las empresas que realizan estas malas praxis".

La Inspección de Trabajo ha forzado hasta el 31 de marzo la conversión de 78.729 contratos temporales que estaban en fraude de ley en indefinidos, lo que significa haber alcanzado en el primer trimestre del año el objetivo marcado para todo el presente 2021. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el programa 291 relativo a la Inspección y control de la Seguridad y Protección Social, se establece como objetivo en la persecución del empleo temporal fraudulento la revisión de 470.000 contratos a lo largo del año y la conversión en indefinidos de 80.000 de los revisados.

El Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones que los falsos autónomos están en el punto de mira de la Inspección de Trabajo. Con la última sentencia sobre el caso riders, esta figura ha generado más debate todavía. Pero, ¿qué es un falso autónomo?

El Gobierno ha puesto el foco en los contratos temporales. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social pretenden reducir la contratación fraudulenta y regularizar a todos aquellos trabajadores que son víctima de estas prácticas ilegítimas. Este es uno de los principales objetivos del Plan Estratégico 2021-2023.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social pone el foco en los empresarios del campo. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se ha propuesto acabar con las prácticas de contratación fraudulentas, intensificará las inspecciones en el medio rural, sobre todo en Andalucía.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el director del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), Héctor Illueca, han presentado el plan de actuación de la Inspección. Dentro de esta iniciativa, se incluirá el envío masivo de más de 137.500 cartas a empresas y autónomos que emplean casi un millón de personas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este miércoles que el Buzón de la Inspección de Trabajo está atendiendo estos días de manera prioritaria todas aquellas denuncias anónimas de los ciudadanos relacionadas con las exposición a temperaturas extremas en el puesto de trabajo, en plena ola de calor en la mitad de España.

Las altas tempertauras que se prevén superen estos días los 40 grados en muchos puntos del territorio han hecho saltar las alarmas también en el ámbito laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó ayer desde su cuenta de Twiter el mensaje de que el Buzón de la Inspección de Trabajo “está atendiendo estos días con prioridad todas las denuncias relacionadas con la exposición a temperaturas extremas en el puesto de trabajo”. Y precisó que “se atenderán como urgentes las denuncias y comunicaciones” recibidas en dicho buzón relacionadas con los riesgos de estrés térmico. “Garantizar condiciones laborales dignas es una tarea colectiva”, apuntó Díaz.

Ser objeto de unas condiciones ilegales en un trabajo que, por otra parte, supone el sustento de una persona, puede llegar a ser una situación muy complicada. Para garantizar la lucha por sus derechos laborales, el trabajador puede hacer una denuncia ante la Inspección de Trabajo, lo que debe hacerse de acuerdo con lo establecido por la ley.

La Inspección de Trabajo ha emitido 5.832 sanciones por fraude en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (Ertes), según ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado el Plan Estratégico para modernizar la Inspección.

La Inspección de Trabajo de Cataluña ha propuesto sanciones de 729.370 euros por irregularidades laborales a ocho empresas que forman parte de un sistema de franquicias de la cadena de supermercados Condis.

Patronales como Confemetal desconfían del posible endurecimiento que puede producirse en las inspecciones sobre la formación profesional de parados y trabajadores en activo. La ley es clara al permitir que estos contenidos puedan ser impartidos por profesores sujetos al régimen de autónomos.

Confemetal, la confederación de empresas del metal, saldrá hoy en defensa de su federación regional de Murcia (Fremm) que el pasado viernes recibió un acta por valor de 1,7 millones de euros de la Inspección de Trabajo provincial que entiende que los profesores del Centro Integrado de Formación Profesional CIFP de la Fremm que imparten cursos para el empleo deben ser contratados y no autónomos.

De nuevo, el Gobierno demuestra que la lucha contra el fraude es uno de sus más importantes caballos de batalla. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023 con el fin de modernizar las actuaciones. Así, la entidad usará nuevas herramientas y recursos que garanticen su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer un plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo que se centrará especialmente en seis sectores, aunque han detectado 19 actividades (CNAE-3 dígitos) con priorización.La ministra recordó que las empresas afrontan multas cercanas al millón de euros (983.736 euros para las infracciones muy graves de prevención de riesgos laborales) desde el 1 de octubre tras la reciente reforma de los montantes de la sanciones.

Las empresas que estando en Erte o dentro del Mecanismo RED contraten a personas para cubrir funciones que pueden ser desarrolladas por su personal tendrán que abonar una sanción que oscila entre 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en el máximo. La gran novedad es que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, las infracciones graves similares se sancionaban con 8.000 euros por empresa y a partir de hoy será de hasta 10.000 euros, por cada trabajador contratado.

El procedimiento de oficio, abierto como consecuencia de la impugnación por la empresa de las actas de infracción elevadas por la Inspección de Trabajo, continua a pesar de que los trabajadores no se presenten a la vista para defender sus intereses, según establece el Juzgado de lo Social nº 1 de León, en sentencia de 22 de diciembre de 2021.