La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llevará a cabo la comprobación de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulación de empleo por el Covid-19.
El Ministerio de Trabajo ha ordenado inspecciones de urgencia en las empresas que siguen abiertas y operando, aunque no tengan la consideración de esenciales, porque se acogen a las excepciones de la normativa del estado de alarma, esto es, destinar la producción a la exportación o mantener una actividad indispensable, con los empleados que trabajarían durante un día festivo. Hoy puede presentarse la Inspección, acompañada de la policía.
Continúan las muestras de improvisación del Gobierno en la crisis del coronavirus, esta vez a cuenta del uso de las famosas mascarillas y las medidas de seguridad sanitaria necesarias para emprender de nuevo la actividad laboral tras el confinamiento en las empresas. En este caso, a pesar de que e Ejecutivo reconoce que se necesitarán días para un abastecimiento masivo de estos artículos de protección personal y del comunicado de CEOE de este lunes denunciando que en la vuelta al trabajo no se está proveyendo de este material a todos los trabajadores, desde el gabinete de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocen que la Inspección vigilará el cumplimiento de estas medidas a rajatabla con revisiones en las empresas que retoman su actividad estos días.
Muchos frentes abiertos, pocas soluciones ofrecidas, echando balones fuera y con el foco mal puesto. Este podría ser el resumen de la intervención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia, ayer, en la Comisión del Trabajo del Congreso de los Diputados, a la que acudió a dar parte sobre las últimas actuaciones de su Ministerio, y donde explicó que su cartera redoblará el esfuerzo en inspecciones de trabajo una vez superada la actual situación de emergencia.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto la lupa sobre los cientos de miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los que se han visto forzadas las empresas por la crisis del coronavirus Covid-19. Trabajo vigila ya que las compañías cumplan las condiciones exigidas para acceder al mecanismo y endurece las sanciones para los ERTE fraudulentos.
Los responsables de Salud Laboral de los sindicatos UGT, Ana García de la Torre, y CCOO, Pedro J. Linares, denunciaron ayer que los inspectores de Trabajo se han quedado sin la potestad de paralizar de forma temporal un centro de trabajo si las condiciones no aseguran la salud de los trabajadores. Según los dirigentes sindicales, en instrucciones internas de la Inspección de Trabajo se alega que al tratarse de una alarma sanitaria y no de índole laboral, las competencias de paralizar una empresa han pasado al ministerio de Sanidad, competente en decisiones relacionadas con la extensión del COVID-19. Una información que no valoran desde el Ministerio de Trabajo. | Trabajo amenaza con redoblar el esfuerzo de las inspecciones.
El sindicato CGT denunció la insuficiencia de medios de protección personal entregados a la plantilla del 061, tras la que la Inspección de Trabajo ha extendido un acta de infracción grave contra la empresa por la prolongación del uso de las mascarillas más allá de la vida útil prevista.
Hace más de un año que las empresas en España están obligadas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores. La pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento provocaron a principios de marzo que muchas tuvieran que implantar el teletrabajo casi de forma improvisada, relajando o dejando de lado el control horario. Sin embargo, las circunstancias excepcionales no han cambiado la norma, que también se debe cumplir con aquellos empleados que teletrabajan.
Más de 10.000 agricultores españoles cooperativas y empresas hortofrutícolas del Campo de Cartagena representados por la Fundación Ingenio solicitan a la ministra de Trabajo y Seguridad Social una rectificación por dar a entender que "en el campo existen condiciones de esclavitud laboral".
La Inspección de Trabajo ha comenzado inspecciones en Aragón y en todo el territorio nacional, para el control de la aplicación de los ERTES por la pandemia del coronavirus y evitar que empresas puedan beneficiarse indebidamente de medidas de suspensión o reducción de la jornada obligando a los trabajadores a seguir prestando servicios en los días o jornada en los que deberían estar cobrando la prestación por desempleo.
Inspecció de Treball, consorcio entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, ha sancionado con una multa de casi 1,2 millones de euros a Amazon y cuatro empresas que trabajan con la plataforma por "cesión ilegal de trabajadores", según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (INSST) ha lanzado una campaña contra el fraude en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte), en la que incide en la protección y el uso responsable de los recursos públicos, ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Hace unos días los gestores Administrativos ya advirtieron del inicio de la campaña de Inspección.
La Agencia Tributaria extrema el control sobre los grandes patrimonios pertenecientes a particulares. No puede calificarse de otra forma la manera en que el Fisco multiplicó la apertura de expedientes a estos contribuyentes.
La intensificación de las inspecciones a empresas por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo en las últimas semanas está dando su fruto. Al menos, esta ampliación del número de visitas a empresas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo aplicados durante los peores meses de la crisis sanitaria en España ha servido para detectar ciertos fraudes tal y como aseguran fuentes ministeriales acerca del resultado que se está observando a partir de estas operaciones.
Entre abril y el 13 de agosto se han realizado casi 27.850 actuaciones de la Inspección de Trabajo para controlar que las condiciones de la aplicación de los Ertes por parte de las empresas se ajusta a la legalidad, según adelantan a eE fuentes del Ministerio de Trabajo. Dado que las empresas a las que se ha aprobado un Erte rondan las 530.000, el porcentaje de sociedades sobre las que ha actuado la Inspección es del 5,25% del total. No obstante, estas fuentes no han precisado cuántas de estas actuaciones han terminado en acta de infracción, pues el departamento que dirige Yolanda Díaz tiene previsto presentar un balance completo más adelante.
La radiotelevisión autonómica vasca acumula actas de infracción y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de las distintas provincias del País Vasco. A lo largo de 2019, EiTB ha sido obligada a regularizar la situación de laboral de más de medio centenar de personas por trabajar para la entidad como temporales cuando cubren una plaza fija o sin contrato. Es decir, como falsos autónomos.
Inspección de Trabajo ha dado de alta de oficio a casi 3.000 repartidores de Amazon Flex tras una denuncia interpuesta hace un año por UGT, según ha informado el sindicato en un comunicado.
Los 956 inspectores de Trabajo más otro centenar de subinspectores están trabajando fines de semana y festivos para cumplir con las 250.000 actuaciones previstas este año con motivo de la pandemia. La pretensión del Organismo Autónomo de la Inspección -aunque se creó en 2015, el próximo ejercicio será el primer año que cuente con presupuesto propio- es que este 2020 se realicen 100.256 inspecciones relativas al fraude en los Ertes, en concreto en las prestaciones y la posible connivencia entre empresarios y trabajadores; otras 116.189 inspecciones derivadas de la habilitación que se otorgó a los inspectores en junio para que controlen y adviertan a las empresas del riesgo de la exposición al Covid-19 en los centros de trabajo, 30.813 informes de los Ertes y, finalmente, 2.876 inspecciones para investigar denuncias laborales de los trabajadores. En total 250.134 actuaciones.
El Ministerio de Trabajo controlará los algoritmos de las plataformas digitales para determinar si pueden operar con autónomos o, por el contrario, estarán obligadas a contratar asalariados. Lea: Deliveroo y Glovo presionan a Trabajo para evitar contratar a los autónomos.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración.
La llegada del trabajo a distancia mediante la ley aprobada en septiembre del año pasado supone un reto para la Inspección de Trabajo que se ha marcado como un "objetivo prioritario" para los próximos tres años la "vigilancia del cumplimiento de esta Ley", según consta en el borrador del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo hasta 2023.
La Inspección de Trabajo ha remitido 45.000 cartas a personas que tienen empleados del hogar para que, en caso necesario, regularicen sus salarios y cotizaciones, algo que ha sido bien acogido por representantes de estos colectivos que, no obstante, lo consideran insuficiente y que llega con retraso.
Un 14% de las 15.000 empleadas del hogar que ya han visto regularizada su situación laboral a raíz de la Inspección de Trabajo para actualizar las condiciones de este colectivo han sufrido una reducción de la jornada laboral.
La aplicación descarada de la brecha de género salarial en una empresa de gestión de comedores escolares de Barcelona le ha valido una multa por infracción muy grave tras una inspección de la Generalitat de Cataluña. La sanción es de 15.625 euros, después de que la Inspección de Trabajo haya constatado una discriminación a las trabajadoras con sueldos inferiores a los de los hombres entre un 31% y un 39%, según informó este lunes el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha regularizado hasta el momento la situación laboral de casi 30.000 personas empleadas de hogar, 15.000 más que a principios de marzo, durante la primera fase de la campaña inspectora y de sensibilización de las personas empleadoras que concluyó el 31 de marzo y cuyo balance definitivo se ultima durante esta semana.