La comunidades autónomas tendrán que hacer frente con sus propios fondos a las nuevas terapias génicas contra el cáncer, unos tratamientos que han demostrado una eficacia superior al 80% en un tipo de leucemia y otro de linfoma, aunque a un precio superior a los 300.000 euros por paciente.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que no va a financiar la vacuna de la meningitis B, denominada Bexsero, un medicamento que a un precio de 400 euros -106 euros cada una de las cuatro dosis necesarias- costean la mayoría de los padres españoles con recién nacidos. Desde que llegó a las farmacias en el año 2015, se han vendido en España más de cinco millones de esta vacuna, lo que ha supuesto un desembolso para las familias de unos 530 millones de euros. Lo sorprendente de la decisión tomada hace unos días es el razonamiento dado ahora por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Sanidad, para rechazar sufragar este fármaco. Aunque la vacuna -del laboratorio GSK, que se vende libremente con receta en las farmacias- está recomendada por la Asociación Española de Pediatría para los bebés desde el segundo mes de vida, el departamento que dirige la ministra María Luisa Carcedo considera que existen "pocos datos disponibles sobre la efectividad de la vacuna, lo que hace que en este momento no se considere su inclusión en el calendario de vacunación".

El Gobierno en funciones ha puesto en marcha su plan de recorte del gasto farmacéutico, con el que espera obtener un ahorro en esta partida de hasta 1.500 millones de euros al año.

Los laboratorios farmacéuticos que operan en España devolverán a las arcas públicas en los próximos días entre 140 y 150 millones de euros. La devolución se produce en virtud del acuerdo firmado en 2016 entre la patronal Farmaindustria y el Gobierno por el que los laboratorios se comprometían a devolver a la Administración la misma cantidad de dinero en que el gasto público anual en medicamentos superara al crecimiento del PIB real de la economía española.

Lo que no se invierte en Sanidad acaban pagándolo las empresas y la Seguridad Social. Es el efecto mecano que tiene el continuo deterioro de las listas de espera quirúrgica y diagnóstica del Sistema Nacional de Salud sobre el mercado de trabajo y, en especial, sobre el absentismo laboral en España, que sigue marcando registros récord conforme se estancan los tiempos de demora de la sanidad pública en niveles máximos. Más información en el nuevo número de la revista 'elEconomista Sanidad'.

La sanidad pública española va a financiar las únicas dos terapias génicas existentes actualmente para el tratamiento del cáncer. Estos dos fármacos, de los laboratorios Novartis y Gilead, están consiguiendo unas tasas de curación del 80 por ciento en un tipo de leucemia y otro de linfoma que hasta ahora tenían pocas probabilidades de curación.

El tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos terminó por romperse en la investidura fallida de un Pedro Sánchez que no logró el apoyo de los morados, entre otras razones por la insistencia de los de Pablo Iglesias por manejar ministerios con competencias y propios. ¿Cuánto dinero hubieran manejado los ministros de la formación de izquierdas si se le hubiera concedido su última propuesta y se hubiera organizado el primer Gobierno de coalición de la democracia bajo sus términos? Unos 40.244 millones de euros, vistas las competencias a las que aspiraban.

Con más de 155 casos confirmados y a la espera de los resultados que arrojen otros 500 en estudio, el brote de listeriosis que se originó en Andalucía y se ha extendido a Asturias, Extremadura, Madrid, Cataluña y Aragón es ya el mayor de la historia en España. En su expansión tiene que ver el retraso en el diagnóstico del que Junta y Ayuntamiento de Sevilla se culpan mutuamente. Y es que, desde los primeros análisis hasta que se decretó la alarma alimentaria en la región pasaron siete días.

Magrudis, la empresa sevillana que distribuyó carne mechada contaminada con listeria, tiene un patrimonio para responder ante la oleada de querellas a la que se puede enfrentar de tan solo 48.452 euros. Constituida en 2003, la compañía es propiedad de Sandro José Marín Rodríguez, que figura además como administrador único.

Un simple recordatorio del Ministerio de Sanidad a las farmacias el pasado mes de mayo sobre la prohibición de dispensar sin receta dos de los medicamentos más vendidos, la caja de ibuprofeno 600 mg y la de paracetamol 1g, ha producido un terremoto en el negocio de los principales laboratorios de genéricos en España.