Entusiasmo en el Gobierno tras la revisión del FMI

Esta semana el Fondo Monetario Internacional revisó las previsiones económicas globales. España fue la gran beneficiada, al considerar el organismo que el PIB crecerá hasta el 2,3 por ciento este año, un nivel solo superado por EEUU, entre las economías más desarrolladas. Pues bien, cuentan que en Moncloa están entusiasmados con la última revisión del organismo, ya que piensan que supone un “espaldarazo a la candidatura de Nadia Calviño” a liderar el FMI en sustitución de Christine Lagarde. En el Ministerio de Economía también comparten ese sentimiento de euforia. “Supone un claro reconocimiento a la labor de Calviño”, dicen desde el entorno de la ministra de Economía en funciones. No obstante, se comenta que existen otras voces en el Ejecutivo que invitan a la calma. Entre ellas las de la propia Calviño. Según dicen, la ministra está orgullosa del incremento de dos décimos en el PIB que el FMI predice para España. Pero recuerda a los suyos que queda un camino muy largo para alcanzar la dirección del organismo internacional, que se puede truncar en cualquier momento.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha confirmado y aumentado ligeramente la condena impuesta al expresidente de Cataluña Artur Mas y varios exconsellers por valor de casi cincomillones de euros por los gastos ocasionados por la consulta soberanista del 9-N de 2014.

El Supremo ‘echa el freno’ a los juicios sobre el IRPH

El Tribunal Supremo estudia proponer una especie de tregua para las causas abiertas relativas al IRPH de las hipotecas. Según comentan en el mundo jurídico, la institución que dirige Carlos Lesmes ve prudente esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie al respecto. “Es cierto que el abogado general de la UE no cuestiona la legalidad del índice y lo normal es que el fallo vaya en la misma dirección. Pero ahora más que nunca no conviene precipitarse”, dicen en el Alto Tribunal. La experiencia con las cláusulas suelo, un caso en el que el veredicto europeo enmendó toda la jurisprudencia española, ha dejado huella. De ahí que el Supremo debata suspender los recursos de casación que ya tiene planteados sobre el IRPH de las hipotecas. No obstante, cuentan que la idea es pedir incluso a todos los juzgados de España que paralicen los procesos a la espera de lo que se dicte en Luxemburgo. “Se quiere evitar que existan fallos que se contradigan. Ha costado mucho conseguir estabilidad en el mercado hipotecario y no podemos perderla”, comentan.

Barcelona, 24 sep (EFE).- Representantes del mundo empresarial, económico y político catalán han dado este martes en el tanatorio de Sant Gervasi su último adiós al expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Miquel Valls, fallecido este domingo en la capital catalana a la edad de 75 años.

Todos los caminos para presidir la Generalitat parecen conducir a un solo nombre: Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City aparece en las quinielas de los líderes independentistas para liderar Junts per Catalunya y lograr así el gran golpe de efecto que supere a ERC, formación favorita en las encuestas. Aunque pueda resultar descabellado, lo cierto es que hay una pista que apunta a su regreso. Y es que su mujer, Cristina Serra, y sus hijos dejaron Manchester hace unos meses y ya le esperan en Cataluña, donde podría comenzar su primera aventura política. 

Primer freno del Gobierno a Garzón

El acuerdo programático del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos incluía medidas para regular la publicidad de las casas de apuestas y la prohibición de que estos establecimientos abran antes de las 10 de la noche, para frenar la ludopatía. A pesar de ello, el nuevo ministro de Consumo Alberto Garzón había hecho suyo el planteamiento inicial que Podemos llevó a la mesa de negociación con el PSOE: el cierre del 90 % de estos locales en solo dos años. Pues bien, cuentan que Garzón ya ha recibido el primer aviso por parte del Ejecutivo para que se olvide de la clausura de las casas de apuestas y se ciña a lo firmado en el acuerdo de Gobierno. Por lo visto, el Ejecutivo considera irrealizable llevar a cabo la medida inicial que los de Pablo Iglesias planteaban y prefieren que Garzón no se empeñe en tratar de sacar adelante imposibles. "No se puede prometer lo que no se puede cumplir. Así se resta credibilidad al Ejecutivo", insisten desde las filas socialistas. Dicen que a Garzón no le ha sentado nada bien que nada más aterrizar "ya le estén frenando".

Parecía que, pese a las disensiones e incluso odios internos, el pacto entre los neoconvergentes de JxCat y ERC no iba a romperse jamás. La presión entre socios para apuntalar su posición bajo el manto del independentismo ha hecho que durante casi ocho años se haya mantenido una más que forzada unidad. Hasta que a principios de semana todo soltó por los aires y Quim Torra ha dicho este miércoles que se acabó.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas deja desde este domingo de estar inhabilitado para ocupar un cargo público en plena reordenación del espacio de JxCat, cuestión que sigue atentamente y que ha explorado con el también expresidente y ahora eurodiputado Carles Puigdemont.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha propuesto este lunes que entidades, partidos y el Consell per la República, con el expresidente Carles Puigdemont al frente, piloten el proceso soberanista y no la Generalitat, que considera debe dedicarse a "gobernar el día a día".

Primer frente judicial para Alberto Garzón

Es conocido que el borrador del decreto sobre la publicidad de las casas de apuestas ha sentado como un jarro de agua fría en el sector del juego y en las televisiones, que ven como pierden ingresos en un periodo de crisis publicitaria. También se sabe que ambas industrias presentarán quejas al respecto. Pero lo que se desconocía hasta ahora es que el juego y las televisiones están preparando a sus equipos jurídicos para iniciar una importante batalla judicial contra el Ministerio de Consumo, que comanda Alberto Garzón.  Por lo que se comenta, hay varios puntos débiles en el borrador, que podrían servir a las firmas para argumentar la batalla legal. El primero es la "diferencia de trato" entre el juego público y el privado, que es el que sufrirá las restricciones. El segundo es la "incoherencia de permitir publicidad en los partidos de fútbol, pero prohibirla en las televisiones en horarios de adultos", indican desde una cadena. A la vista está que las empresas no se lo van a poner fácil a Garzón para sacar adelante su medida estrella, aunque ésta haya sido menos restrictiva de lo anunciado en un principio.

La máxima simplificación del procés es que Artur Mas puso a calentar la olla y Carles Puigdemont la hizo estallar. En el camino, Oriol Junqueras ayudó a subirle la temperatura. Tras la metafórica explosión, el balance de daños dejó a Mas inhabilitado, a Puigdemont huido de la Justicia en Bélgica y a Junqueras en la cárcel.

Críticas a la antigua CIU en la Sanidad catalana

El pulso que Quim Torra plantea al Estado, en plena crisis del coronavirus, genera malestar en la Sanidad catalana. Máxime tras arrogarse el presidente de la Generalitat el derecho de tomar sus propias iniciativas para luchar contra la enfermedad sin contar con el Gobierno. Por lo visto, esta actitud de Torra está siendo motivo de fuertes críticas en los hospitales y centros sanitarios de Cataluña. Pero las quejas no se limitan al president; el resto de Junts per Catalunya también está siendo objeto de comentarios. Por lo que parece, el personal sanitario no se olvida de que este partido es el heredero de la antigua CiU de Artur Mas, que fue quien efectuó un “brutal” recorte del presupuesto en Sanidad, que aún se sufre. “Al no haberse aprobado nuevos presupuestos, el actual es aún muy inferior al que había antes de 2010. Además, aún nos deben pagas”, dicen en un sindicato de este ramo. Las fuentes indican también que el problema no se queda en las nóminas sino que los recortes de Mas han dejado a los hospitales sin los recursos materiales para enfrentarse a la epidemia.  

Temor al vacío de poder que Carmen Calvo deja

La baja por coronavirus, ayer confirmada, de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, coloca a Pablo iglesias como número dos del Ejecutivo de coalición solo por detrás de Pedro Sánchez. Cuentan que parte del PSOEteme que esta ausencia de Calvo se prolongue, ya que consideran que uno de los “diques de contención que impiden a Iglesias asumir más poder” desaparecerá por un largo periodo de tiempo. Este escenario inquieta a varios líderes socialistas, quienes temen que ahora Iglesias ejerza más presión sobre Sánchez en aspectos como propiciar un cierre completo de la actividad industrial, tal y como abogó al principio de la actual crisis. Es más, hay quien especula con el riesgo de que Iglesias tenga que sustituir al presidente. Una opción que no es tan descabellada como se piensa, ya que bastaría con que Sánchez cayera infectado para que eso ocurriera. “Esperemos que no pase, ya que entonces sería muy complicado parar las iniciativas de Podemos, que en nada ayudarían a solucionar esta crisis”, dice un veterano político socialista. 

Amenaza de querellas ante la gestión de Justicia

Se rumorea que hay un importante malestar entre los trabajadores del Ministerio de Justicia. La causa está en la falta de comunicación que ha habido por parte del departamento dirigido por Juan Carlos Campo respecto al número de contagiados por coronavirus que hay en el propio Ministerio y en la sedes autonómicas. Por lo que se dice en los sindicatos, el Gobierno estuvo ofreciendo los datos hasta mediados de abril. De hecho, cuentan que entonces había 80 infectados. Pero a partir de ahí nadie ha recibido informe alguno sobre la evolución de la pandemia, a pesar de que los funcionarios de Justicia acuden desde entonces con mayor asiduidad a su puesto de trabajo al incrementarse los servicios que se prestan. Se comenta también que ya hay alguna asociación de trabajadores que se está movilizando para encontrar una solución. "Si no hay avances, el Ministerio podría enfrentarse a varias denuncias por falta de información al personal de los juzgados sobre la epidemia y falta de equipos de protección", aseguran desde el mundo de la judicatura.

Imposible comunicación con el Sepe

El colapso que sufre el Sepe no solo afecta a los trabajadores que aún no han cobrado la prestación por Ertes, a pesar de haberla solicitado en mazo. Desde los sindicatos se comenta que también está generando importantes contratiempos a un buen número de cotizantes que siguen recibiendo la retribución temporal a pesar de haberse reincoporado ya a su puesto laboral desde hace meses. “Mantener la prestación cuando ya se trabaja supone un cobro indebido del subsidio, lo que podría acarrear sanción”, aseguran desde un sindicato. Para evitar este tipo de contratiempos, muchos trabajadores que están en esta situación irregular están tratando de comunicarse con el Sepe. Pero, según comentan los agentes sociales, les está resultado imposible pasar más allá del contestador automático. Desde el entorno del secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, se asegura que el Ministerio de Trabajo es plenamente consciente de todos estos inconvenientes. Pero, aseguran, que es imposible hacer más con los recursos que se tiene. Dicen además que se tendrán en cuenta estos problemas a la hora de imponer sanciones. Unas explicaciones que no convencen en los sindicatos, en donde ya consideran intolerable el largo colapso que sufre el Sepe y otros organismos públicos como la Seguridad Social. 

El 18 de diciembre del 2011 los entonces presidentes de La Caixa, Isidro Fainé, y de Bankia, Rodrigo Rato, se estrecharon la mano para sellar el acuerdo que acababan de alcanzar: la fusión de ambas cajas para crear el primer banco doméstico y tercero español, detrás del Santander y del BBVA.

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas ha roto el silencio después de meses sin intervenir en la confrontación que se ha dado en el espacio postconvergente para confirmar que seguirá militando en el PDeCAT y no se suma a la nueva formación que impulsa el también ex presidente Carles Puigdemont.

El varapalo de Quim Torra a Artur Mas

Es conocido que la marcha de Carles Puigdemont del PDeCat ha generado dos bandos enfrentados dentro del seno de Junts per Catalunya. Por un lado están los seguidores de la radicalidad de Puigdemont, como Quim Torra y, por otro, los que abogan por un independentismo más moderado, como es el caso de Artur Mas. Pues bien, se comenta que el enfrentamiento entre los dos bandos se ha incrementado tras una de las recientes decisiones de Torra. Se trata de la destitución de Àngels Chacón (del PDeCat), que era consejera de Empresa hasta primeros de mes. Por lo que se comenta en la formación independentista, Chacón era una de las protegidas de Mas en la Generalitat, por lo que el expresident se ha tomado su despido como una afrenta de Torra hacia su persona. “Mas no ha sentido nunca simpatía alguna por Torra, pero la salida de Chacón le ha enfadado mucho y ha convertido a Torra en su gran enemigo”, dicen desde el PDeCat. Poco se sabe sobre la venganza que, dicen, Mas preparara contra el actual president. Pero desde su entorno se comenta que ya nadie descarta que se plantee presentarse en las listas del PDeCat. “De momento, solo iba a apoyar a la formación en mítines. Pero el varapalo que ha recibido puede que le haga cambiar de opinión”, asseguran.

El extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, condenado por el caso Palau, ha explicado al juez que cree que el expresidente de la Generalitat Artur Mas pudo estar al tanto del supuesto sistema de "pitufeo" por el que altos cargos del partido podrían haber blanqueado dinero de la formación procedente de comisiones ilícitas.

Así logró Illa que Sánchez cerrara la frontera aérea

A pesar de la inquietud que en la Unión Europea generó la nueva cepa del coronavirus surgida en Reino Unido, el Gobierno español se negó durante todo el domingo y la mañana del lunes a cerrar la frontera aérea con las islas británicas. Finalmente, a las 15:00 horas del lunes siguió el ejemplo del resto de países europeos y suspendió los vuelos con Reino Unido. Cuentan que, además de algunas autonomías, hubo una persona clave en el cambio de parecer del Ejecutivo: Salvador Illa. Por lo que se comenta, el ministro de Sanidad estuvo toda la tarde del domingo y la mañana del lunes hablando con Pedro Sánchez para que diera el paso. En Moncloa dicen que Illa logro convencer al presidente tras argumentar que en marzo tampoco le hicieron caso cuando pidió suspender los vuelos con Italia, a pesar de que el virus ya estaba descontrolado en el país transalpino. “Resulta obvio que Sánchez no ha querido repetir el fiasco que se produjo entonces. El riesgo a quedar en evidencia a nivel internacional acabó convenciéndolo”, dicen desde el entorno del Ejecutivo.   

El Tribunal de Cuentas apunta a 36 cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 como presuntos responsables contables de gasto irregular vinculado al procés en la entidad de proyección internacional impulsada por la administración catalana Diplocat, y entre ellos figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como el líder de ERC y exvicepresidente y responsable de Economía Oriol Junqueras, además de otros exconsellers.

ERC ya trabaja en la Hacienda de la República

Tras los indultos a los presos del 1-O, ya circulan rumores que apuntan a que la próxima gran exigencia de la Generalitat de Cataluña al Gobierno central será la extensión de las competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) más allá de los límites que ahora le permite la ley. Este organismo ha sido siempre prioritario para el independentismo. De hecho, fue Artur Mas quien lo ideó, aunque hubo que esperar a la etapa de Carles Puigdemont al frente del Govern para hacerlo realidad. Ahora bien, sus competencias actuales están limitadas a la gestión de los tributos autonómicos y son esas barreras las que precisamente el president Pere Aragonès quiere cambiar. Aunque no existe confirmación oficial de ERC sobre si esta exigencia estará presente en la mesa de diálogo con Pedro Sánchez, sí reconocen que el partido está trabajando en un escenario en el que la ATC tenga competencias para gestionar “la totalidad de los impuestos”. “ERC llevaba esa exigencia en el programa con el que se presentó a las autonómicas del 14-F, por lo que nadie debería sorprenderse si cualquier día Aragonès u otro líder de Esquerra lo hacen público”, dicen en el entorno de Moncloa. En la oposición añaden que “tras los indultos, tampoco sería una sorpresa que Sánchez les dejara contar con una Hacienda propia, lo que para el independentismo es un gran paso para lograr la autonomía financiera de la República catalana”.

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.

El ex presidente catalán ha vuelto a la primera plana. El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes 5,4 millones de euros a una cuarentena de ex altos cargos de la Generalitat por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern entre los años 2011 y 2017. A Artur Mas le corresponden 2,8 millones del total, una cantidad que él ya advirtió que no pagaría: "Dimos la cara para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes (9N de 2014), por lo que no tiene sentido que nueve lo perdamos todo y que el resto no haga un muy pequeño esfuerzo", dijo en una entrevista en su momento.

El expresidente catalán Artur Mas deberá pagar las costas de haber recurrido la condena del Tribunal de Cuentas para devolver los gastos ilícitos de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, y que ascendía a 4,9 millones de euros -a los que hay que añadir intereses- a repartir entre diez cargos del Govern de entonces.

Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.

El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.

La Generalitat ya reactiva su Acción Exterior

Esta misma semana la Generalitat de Cataluña ha aprobado subvenciones de un millón de euros para comunidades catalanas situadas en el exterior con la finalidad de “sufragar sus gastos en la internacionalización de la promoción y difusión de Cataluña”. El departamento encargado de gestionar las ayudas será la Consejería de Acción Exterior y Gobierno Abierto, ahora bajo el liderazgo de Victòria Alsina. Ni qué decir tiene que la aprobación de estas subvenciones se ve en el Parlament de Cataluña como el “primer capítulo” de la reactivación de la internacionalización del procés, que ha sido siempre uno de los grandes objetivos del independentismo catalán. En círculos políticos se rumorea que la concesión de estas ayudas es solo el principio. “Nadie tiene dudas de que hay más proyectos preparados para Acción Exterior sobre todo a través de foros digitales e iniciativas en internet, cuya financiación es más difícil de rastrear”, dicen desde un partido constitucionalista. Todas las fuentes coinciden en que el Govern que Pere Aragonès lidera no tiene reparo alguno en relanzar la actividad de Acción Exterior pese a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas al Diplocat de Artur Mas y Carles Puigdemont.

Artur Mas, de 65 años, se encuentra disfrutando de unas vacaciones entre Ibiza y Formentera junto a su mujer, Helena Rakosnik, de 63. También les acompaña su núcleo duro de amistades en el que destaca Marcel Pascual Forns, propietario de la empresa Green Power Products y quien invita cada verano al expresident a estos días a todo lujo en las islas pitiusas.

ERC ha pagado unos dos millones de euros para avanzar la fianza que pide el Tribunal de Cuentas a todos los afectados que tenían responsabilidades en el Govern entre 2016 y 2017, han explicado fuentes republicanas.