La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex) ha afirmado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) impactará "negativamente" en la sostenibilidad social y económica de las explotaciones hortofrutícolas.
Todos ganan y todos pierden con la subida acordada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La medida, que mejorará la situación salarial de unos dos millones de trabajadores, según cálculos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, aunque no existe un registro oficial que determine el número exacto de trabajadores que recibe el salario mínimo, supone a su vez un claro interrogante respecto a sus efectos sobre el mercado de trabajo de un país con falta de amplios sectores productivos punteros y muy dependiente del sector servicios que compite vendiendo en general con márgenes muy apretados, con lo que finalmente el valor añadido generado es bastante reducido. Y una de las consecuencias de este modelo son los salarios bajos.
Hemos pasado en las últimas décadas de un sistema de control de precios a un control de márgenes, bajo el supuesto de que las autoridades reguladoras son capaces de calcular un "margen justo" para cada parte de la cadena alimentaria. Sin duda, este supuesto es un error económico, ya que igual de cambiantes son los márgenes que los precios, dado que están sometidos a la misma dinámica (en el caso agrícola, manifiestamente defectuosa) del mercado.
Los costes de los empresarios no han hecho más que encarecerse desde que llegase el Gobierno de Pedro Sánchez a La Moncloa con algunos objetivos claros como el incremento progresivo del salario mínimo interprofesional (SMI). Concretamente, según el último Índice de Costes Laborales publicado por el INE, El coste por hora trabajada repuntó un 2,2% en el cuarto trimestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, frente al incremento interanual del 2,5% que experimentó en el tercer trimestre.
En la comunidad aragonesa, alrededor de 8.526 personas podrían verse afectadas por el COVID-19 entre potenciales infectados y personas aisladas. Una situación que conllevará una serie de costes para las empresas y que se podría reducir en torno a los 11,4 millones de euros con las medidas laborales adoptadas por el Gobierno central.
El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.755,15 euros en el cuarto trimestre de 2019, lo que supone un repunte del 2,3% respecto al mismo periodo de 2018, según los datos publicados este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un repunte que supone el décimo trimestre al alza los últimos cuatro por encima del 2%- del indicador de costes para las empresas y que, más allá, se trata del mayor repunte en un cuarto trimestre de los últimos diez años, de modo que habría que ir al final del año 2009 para observar un repunte mayor al experimentado en el último trimestre del pasado ejercicio, cuando el alza fue del 2,5%.
Que esto es una crisis de oferta no se pone en duda, aunque también se haya llevado por delante la demanda y no parece que se pueda descartar un shock financiero, si las medidas extraordinarias de liquidez y financiación no son acertadas, como recientemente ha puesto de manifiesto Brookings Institution. En todo caso, el origen es un shock transitorio de oferta producido por una pandemia, es decir, un mal público global que, recordando a Poe, cae como un sudario sobre la economía mundial y lo ensombrece todo de manera más que evidente.
Ni empezó en 2012 ni terminó este año, sino que fue un proceso de modificación legislativa que comenzó en 2010 y continuó hasta 2014, con gobiernos socialistas y conservadores. El impulso más importante se produjo mediante un Real Decreto-Ley de enorme alcance, el 3/2012, que explica que todos la conozcamos como la "reforma de 2012". Ahora se habla de derogarla en su integridad. Veremos que supone esto.
El sector agrario está manteniendo el nivel de contratación en esta campaña de recogida de la fruta dulce a pesar de las dificultades para disponer de la mano de obra y ante la caída de la producción en 15% de media y un aumento de los costes que puede llegar hasta el 30%.
El coste por hora trabajada aumentó en el primer trimestre un 4,5% respecto al mismo periodo de 2019, su mayor alza desde el segundo trimestre del año pasado. Este dato es consecuencia del menor número de horas trabajadas tras el cierre económico por la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma desde mediados de marzo, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El coste laboral de las empresas aumentó el 0,8% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2019, lo que muestra una moderación respecto a los cuatro últimos trimestres, debido a los ERTE llevados a cabo desde la segunda quincena de marzo con la declaración del estado de alarma.
España es la puerta de entrada a América Latina e Iberia quiere aprovechar eso para impulsar su tráfico y desarrollar el mercado asiático. No en vano, los cálculos del sector apuntan a que el mayor incremento de tráfico en los próximos años se verá entre Asia y América Latina. No descarta dejar de volar a Venezuela aunque no se lo plantea a corto plazo | La huelga de controladores aéreos en Francia crea un "agujero" en las cuentas de Iberia.
"Cuando un dedo señala la luna, el necio mira el dedo y no la luna. Este viejo proverbio chino es perfectamente aplicable al estado de Alarma y a la epidemia del Coronavirus. Cuando usted lea estas líneas, se habrán cumplido cien días de estado de alarma, y en el peor de los casos, le quedarán unas horas en esa situación. Porque, finalmente, el estado de Alarma, con toda la polémica que ha suscitado concluye a las 23.59 horas del sábado 20 de junio. Sin embargo, el Coronavirus sigue ahí fuera, y eso significa muchas cosas, entre ellas, que algunas restricciones, la distancia social, y el uso obligatorio de mascarillas continúan. La noche no quedó del todo atrás.
Enimbos ha alcanzado el estatus de Well-Architected Partner de AWS, reconociendo que la compañía tiene capacidad para gestionar revisiones de cargas de trabajo de aplicaciones existentes o nuevas aplicaciones basadas en las mejores prácticas y directrices de AWS establecidas en su marco de buena arquitectura.
La irrupción del teletrabajo en el mercado laboral español ha supuesto un reto para las compañías, que se han adaptado en tiempo récord a esta nueva forma de organizar el trabajo. Sin embargo, aún son muchas las dudas que suscita y las diferencias que aflora entre sindicatos, empresarios, trabajadores y laboralistas. elEconomista ha hablado con los expertos que están en primera línea y con las empresas pioneras en implantación.
E l e-commerce y concretamente el B2C, es decir, la compra online con entrega directa al consumidor final sigue creciendo a dos dígitos por año. Debido al COVID-19 en algunos productos se ha incrementado en un 70%, reforzando su crecimiento al aumentar también el número de nuevos compradores en este canal.
Aragón, junto con Galicia, ha experimentado el mayor aumento de los costes laborales en 2019 con una subida del 3,8% en comparación con el año anterior.
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), ha advertido recientemente del grave riesgo de desaparición en que se halla incurso el sector privado de centros de educación infantil, donde prestan sus servicios más de 5.100 empresas que dan empleo a 30.000 profesionales, que educan a unos 205.000 alumnos.
¿Se está disparando la presión fiscal en España? A primera vista no lo parece porque la recaudación de impuestos se está reduciendo debido a los efectos de la pandemia del Coronavirus sobre la actividad económica. Sin embargo, en los seis primeros meses del año, la recaudación de impuestos gestionados por la Agencia Tributaria se redujo en un 11%. En ese mismo periodo, la caída del PIB fue de más del doble, del 22,1%. Si esto continúa así, España experimentaría un importante incremento de la presión fiscal, que no es más que el cociente entre la recaudación de impuestos y el PIB.
Durante los pasados meses, tanto las compañías como la administración han tenido que enfrentarse a una serie de desafíos como consecuencia de la crisis del coronavirus: desde reducciones del personal o plantillas completas trabajando desde casa, hasta caídas en la demanda de ciertos productos o servicios y aumentos exponenciales en la demanda de otros. Esta situación implica la necesidad de adaptarse rápidamente a la nueva realidad, impulsando la productividad y reduciendo costes para poder seguir siendo competitivos y subsistir. Ante este panorama ha quedado patente que la tecnología es un gran aliado. Si muchas empresas han podido seguir manteniendo su actividad, y por tanto sus ingresos, ha sido gracias a haberse preparado adoptando tecnología. En esta línea, según la encuesta Global Capital Confidence Barometer de EY, realizada en 46 países entre los meses de febrero y marzo de este año, el 36% de los encuestados aumentaron la inversión en automatización. El mismo informe indica que cerca del 70% de los encuestados está avanzando o revaluando su transformación tecnológica para mitigar los efectos de la pandemia. Estos datos avalan la consideración de que la innovación y la automatización son dos de los factores que mejoran la competitividad empresarial.
La semana de cuatro días como respuesta a la masiva destrucción de empleo de la pandemia coronavirus es una teoría tan atractiva como controvertida que está despegando en los últimos días en Alemania, evidenciando las dificultades para su implementación. El asunto fue suscitado por IG Metal, el mayor sindicato sectorial de Alemania y Europa (con más afiliados que CCOO y UGT juntos), que lanzó este agosto la propuesta como una respuesta a las dificultades que ha provocado el coronavirus en la economía, pero también en previsión a otros retos futuros.
La semana de cuatro días como respuesta a la masiva destrucción de empleo de la pandemia coronavirus es una teoría tan atractiva como controvertida que está despegando en los últimos días en Alemania, evidenciando las dificultades para su implementación. El asunto fue suscitado por IG Metal, el mayor sindicato sectorial de Alemania y Europa (con más afiliados que CCOO y UGT juntos), que lanzó este agosto la propuesta como una respuesta a las dificultades que ha provocado el coronavirus en la economía, pero también en previsión a otros retos futuros.
Los costes no salariales para los empresarios crecieron casi un 15% en el segundo trimestre del año, tal y como arroja la encuesta de Costes Laborales publicada este jueves por el INE. Se trata de un fuerte repunte de este concepto concreto de percepciones no salariales que responden a aquellas retribuciones percibidas por el trabajador no por el desarrollo de su actividad laboral sino como compensación de gastos ocasionados por la ejecución del trabajo o para cubrir necesidades o situaciones de inactividad no imputables al trabajador. Y que en nuestro país está altamente afectado por las bajas temporales, indemnizaciones por despido o pagos por desempleo causados por el impacto de la pandemia en la economía y en el mercado laboral. Cabe recordar que entre el primer y el segundo trimestre de 2020 el número de inactivos creció en un millón de personas en nuestro país tras el confinamiento y el estado de alarma impuesto para atajar la crisis sanitaria.
Los últimos datos conocidos sobre la evolución de los costes laborales en España y el impacto conocido de la pandemia en el mercado de trabajo dan cuenta del estrecho margen de maniobra que tiene el Gobierno en su intento anunciado de reforma laboral, que más allá ya ha sido desaconsejado desde organismo como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, que piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener vigentes los fundamentos de la reforma del PP de 2012. Pero los expertos advierten de que ciertos cambios como revertir la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, rescatar la ultraactividad de los convenios o modificar la política de subcontratación podrían, llegado el punto, suponer un elemento de mayor destrucción de empleo por el incremento de las cargas para los empresarios.
Probablemente hay personas que lo desconozcan pero durante años España tuvo una de las industrias textiles más consolidadas. A finales del siglo XIX y principios del XX, el sector textil era la industria moderna que más aportaba al PIB. Cataluña se consolidó por aquel entonces como uno de las principales productoras de tejido textiles tanto a nivel nacional como en el resto de Europa.
BBVA, a diferencia de otros bancos, está llevando a cabo un ajuste silencioso de plantilla en todo el mundo para ahorrar costes. En lo que va de año, el grupo ha reducido el volumen en 2.863 empleados, lo que supone un 2,2% de su fuerza laboral. Estas disminuciones las ha llevado a cabo a través de salidas ordinarias y planes puntuales de prejubilaciones e incentivos.
El nuevo entorno digital ha impuesto unos ritmos competitivos que fuerzan a las empresas a optimizar procesos y costes para defender sus posiciones. Así, la transformación digital es un proceso por el que todas las organizaciones empresariales están apostando a día de hoy para aumentar su crecimiento y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.
El 2 de noviembre, el Ministerio de Trabajo publicó que se llevaban gastados 12.000 millones de euros en las prestaciones de los Ertes (las exoneraciones de cuotas las abona la Seguridad Social). Sin embargo, son datos globales. Si se desagregan por comunidades autónomas y provincias se observan grandes diferencias del coste por cada trabajador beneficiado. Según la información aportada por el Ministerio de Trabajo en sede parlamentaria a petición del grupo popular, el coste medio de los empleados en Erte en Málaga hasta agosto fue de 3.120 euros, mientras que el de la provincia de Álava se situó en 1.480. El máximo dobla con creces al mínimo. Según Trabajo, hasta agosto se produjeron 4.684.836 altas de prestaciones con un importe agregado de 9.319 millones de euros. De media, cada persona en alta ha recibido entre marzo y agosto 1.989 euros.
Buen dato semanal para el mercado laboral, a un día solo de que el Departamento de Empleo publique la nueva cifra de trabajos creados en el último mes. Las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU fueron de 712.000 durante la semana, una cifra que mejora en 60.000 peticiones lo esperado por los expertos.
El coste laboral de las empresas se situó en 2.525,41 euros mensuales por trabajador en el tercer trimestre del año, un descenso del 1,1% respecto al año anterior, lo que muestra una moderación frente a la caída del 8,3% del segundo trimestre en pleno parón económico por la pandemia.
