Washington, 16 ene (EFEUSA).- El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció hoy que está evaluando activar una provisión legal que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana liderada por Fidel Castro.

Washington, 16 ene (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció hoy que está evaluando activar una provisión legal que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana liderada por Fidel Castro.

El Gobierno catalán ha aprobado este lunes un decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que incluye la obligación para los grandes tenedores –banca y fondos de inversión- de ofrecer un alquiler social durante hasta siete años a quienes estén ocupando ilegalmente sus viviendas desde hace más de seis meses y tengan acreditada su vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Colombia ha subastado Electricaribe, la distribuidora de electricidad expropiada a Naturgy, y ha tenido que asumirla por falta de interés del sector privado: de las dos compañías en que se ha dividido, Caribe Mar y Caribe Sol, la primera ha acabado en directamente en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la segunda en la del Consorcio de la Costa Caribe, integrado por la empresa mixta Enerpereira y la privada Latin Corp.

Colombia ha subastado Electricaribe, la distribuidora de electricidad expropiada a Naturgy, y ha tenido que asumirla por falta de interés del sector privado: de las dos compañías en que se ha dividido, Caribe Mar y Caribe Sol, la primera ha acabado en directamente en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la segunda en la del Consorcio de la Costa Caribe, integrado por la empresa mixta Enerpereira y la privada Latin Corp.

Las expropiaciones de bienes empresariales y particulares, a las que apuntan las declaraciones del vicepresidente Iglesias, están muy lejos de suponer alivio alguno para el Estado.

El plan de incautaciones de empresas planteado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, supondría una ruina para el Estado en indemnizaciones. Las empresas afectadas tendrían derecho a indemnización por daños y perjuicios, siempre que se produzcan a causa de la intervención, aplicándose las normas expropiatorias que regulan la ocupación temporal de empresas, según la Ley de Expropiación Forzosa (LEF).

El pasado sábado saltaron todas las alarmas en el sector residencial tras la publicación de la orden ministerial en el BOE en la que se desarrollaban las nuevas ayudas al pago del alquiler para los más vulnerables.

Cuando le preguntas qué le quita el sueño, contesta rápido que "ver sufrir a los ciudadanos". Reyes Maroto (Medina del Campo, 1973) es consciente de la importancia de las decisiones que se adoptan en su Departamento, que aglutina los sectores fundamentales del país y reconoce que, a veces, se apoya en pequeños detalles: "Me emocionó un tuit del proyecto de respiradores Resistencia Team, que acompañamos desde el Gobierno: Hace 30 días que empezamos. Muchas horas sin dormir, muchas alegrías y muchas decepciones, pero volveríamos a hacerlo sin dudarlo. De personas para personas". No se le caen de la boca las palabras diálogo y cooperación, y pone en valor el entendimiento público y privado.

Argentina intervendrá por 60 días la agroexportadora local Vicentin, que estaba en bancarrota y tenía activos que pasarán a formar parte de un fondo fiduciario controlado por el Estado, en un paso previo a la expropiación de la empresa, dijo el lunes el presidente Alberto Fernández.

El Gobierno de Argentina intervendrá la agroexportadora local en bancarrota Vicentin, cuyos activos pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que será gestionado por YPF Agro. Además, enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiar la empresa.

Argentina pretende lograr una mayor fluidez en el ingreso al país de las divisas que tanto necesita con el proyecto de expropiación de Vicentin. Se trata de la principal empresa exportadora de aceite y harina de soja.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha asegurado este miércoles que la reciente expropiación de la agroexportadora Vicentin consiste en el rescate de una empresa "que había entrado en un colapso financiero" y no implica un "sesgo arbitrario" por parte del Ejecutivo.

Seis meses exactos ha tardado el Gobierno peronista de Alberto Fernández en desatar los miedos de los inversores extran jeros a nuevas expropiaciones como la de la petrolera YPF en 2012. El lunes, el Ejecutivo argentino anunció la intervención de la cerealera Vicentin, una de las principales exportadoras de grano de país, que se encontraba en concurso de acreedores desde el pasado mes de diciembre.

La cámara de la industria de molienda y exportación de cereales de Argentina señaló el viernes su “profunda preocupación” por la intención del Gobierno de tomar el control de la empresa Vicentin, una de las principales trituradoras de soja del país y un jugador clave en las exportaciones agrícolas.

Un juzgado de Argentina dispuso la restitución de los administradores originales de la agroexportadora Vicentin, intervenida por el Estado, que el presidente argentino Alberto Fernández dijo que buscará expropiar a través de una ley.

El proyecto de Argentina de expropiar a la agroexportadora Vicentin está puesto “en pausa” mientras el Gobierno explora alternativas para el destino de la compañía en concurso, entre ellas una posible sociedad público-privada, dijeron fuentes con conocimiento del tema.

La situación en la planta de San Ciprián en Alcoa es cada día más delicada. Ante la falta de acuerdo entre la empresa estadounidense y los candidatos a quedársela -el grupo Liberty House o la Sepi- la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha sido muy clara. "El Gobierno llegará donde tenga que llegar" para mantener su capacidad productiva.

Los grandes fondos propietarios de miles de viviendas en alquiler en España de que la propuesta de Podemos de obligarles a destinar el 30% de su cartera a vivienda social supone en la "práctica una expropiación" y sería "un nuevo atentado contra el Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española".

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha firmado este martes la primera resolución por la que el Govern inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años.

La decisión del Gobierno balear, liderado por la socialista Francina Armengol, de expropiar durante siete años 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios para destinarlas al alquiler social ha hecho saltar todas las alarmas en el sector de la inversión inmobiliaria, ya que esta medida abre el melón a la expropiación en España en un momento en el que se está dando forma a la nueva Ley de Vivienda.

En 2018, el Gobierno presidido por la socialista Francina Armengol, en coalición con Podemos y los soberanistas de la MES, rubricaba una Ley de Vivienda en la que legislaba la figura de la expropiación de la propiedad privada. En el texto, publicado en el BOE el 13 de julio de 2018, el documento explicitaba que a la Administración autonómica de Baleares le corresponde el ejercicio de determinadas competencias entre las cuales se encuentra la potestad de expropiar. Además determina que esta misma actuación se puede llevar a cabo con los grandes tenedores -al menos 10 viviendas- con la posibilidad de entrar en las viviendas desocupadas.

La puesta en marcha por parte del Ejecutivo de Baleares del plan de expropiación de 56 viviendas desocupadas de grandes tenedores inscritas en el registro oficial podría tener un impacto directo, a la baja, en los precios del alquiler en la región.

La negociación de la primera Ley de Vivienda Estatal entre los partidos del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos -UP) es el marco elegido por la presidenta balear, Francina Armengol, para obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder obligatoriamente 56 viviendas con fines sociales.

La composición del comité de expertos creado por el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, para llevar a cabo la desescalada pasará a la historia como uno de los secretos guardados con siete llaves en el Palacio de la Moncloa. Nadie conoce aún a los miembros que asesoraron a Illa o a Fernando Simón, probablemente porque jamás existieron. Su labor fue descorazonadora, la desescalada se hizo de manera chapucera y precipitada, según reconoció el presidente del Gobierno, y dio paso a la segunda ola de contagios después del verano del año pasado.

La Corte de arbitraje de las Naciones Unidas, Uncitral, ha desestimado la demanda de Naturgy contra el Gobierno colombiano por la intervención de Electricaribe en 2017. La compañía española reclamaba del orden de 1.600 millones de euros y fía ahora el cobro de la indemnización a la demanda impuesta a las aseguradoras. A su vez, la Corte arbitral también ha desestimado la reclamación de 500 millones de euros que el país exigía a la gasista.

Las recientes medidas de expropiación del usufructo de 56 viviendas de "grandes tenedores" por parte del Gobierno Balear para "sacarlas del mercado especulativo" representan un paso más hacia el principal objetivo de muchos de nuestros actuales gobernantes: la consecución de votos a corto plazo a costa del futuro de los ciudadanos.

Los obispos españoles han mostrado hoy su recelo ante el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, aprobada por el Consejo de Ministros, que prohíbe la venta de bienes culturales. “Tampoco pueden ser embargados”.

Ha ganado el 'sí'. Los ciudadanos de Berlín han votado a favor de expropiar 240.000 pisos de alquiler que actualmente están en manos de empresas privadas. En concreto, la iniciativa electoral exige la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias y comerciales, y que una nueva empresa de vivienda pública gestione los alquileres.

Héctor Illueca desembarcó en la vicepresidencia del Gobierno valenciano en manos de Unidas Podemos en plena tormenta en el partido y tras pasar por la dirección de la Inspección de Trabajo en el Ministerio de Yolanda Díaz.