Los sindicatos médicos CESM Aragón y FASAMET han dirigido lunes un escrito a las consejeras del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, de Sanidad, y María Victoria Broto, de Ciudadanía y Servicios Sociales, advirtiéndoles de la "descoordinación y falta de un criterio único" para realizar los test de coronavirus a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad autónoma.

Entre las múltiples deducciones a la que los contribuyentes pueden acogerse cuando realizan la declaración de la renta se encuentran las cuotas pagadas a sindicatos y colegios profesionales durante el año fiscal. Unas cantidades que pueden ayudar a tener un descuento en el resultado final mediante un proceso sencillo.

CEOE deshoja la margarita sobre el futuro del diálogo social después de que su presidente, Antonio Garamendi, la dejase en suspenso tras filtrarse, por parte de la diputado de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, que su organización había cerrado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos, los partidos que sustentan el Gobierno. Sin embargo, de momento los puentes del diálogo social están tímidamente abiertos para que la patronal pueda acudir a la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, donde se analizan los sectores que podrán continuar con Ertes de fuerza mayor, y que ha sido convocada para mañana por la tarde. | Las patronales se unen en contra del Gobierno por el pacto con Bildu

La automovilística nipona Nissan ha revelado hoy que la adjudicación de un nuevo modelo no hubiese revertido la decisión de cerrar la planta de Zona Franca, por lo que tras analizar un plan de negocio a medio plazo la empresa ha decidido cerrar las tres fábricas de Barcelona.

La historia de los programas de rentas mínimas en la Unión Europea es extensa pero España se subirá ahora al carro de países que cuentan con una red de protección final para las familias y hogares más vulnerables, en situación de pobreza y exclusión social. A escasas horas de que el ingreso mínimo vital sea una realidad, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado que el primer pago de la ayuda se realizará a 100.000 hogares por elección de oficio y se efectuará a finales del mes de junio.

El Gobierno abre la puerta para que los Ertes de segunda generación, como los denomina la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, puedan continuar más allá del 30 de junio, fecha en que actualmente deberían finalizar, según explican a eE fuentes conocedoras de las negociaciones mantenidas en la Comisión Tripartita encargada de determinar el futuro de los nuevos Ertes. Y se ha tanteado la fecha del 30 de septiembre como nuevo plazo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este lunes alargar hasta diciembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para todos los sectores económicos afectados por la crisis del coronavirus, ya que ha asegurado que ampliar esta medida más allá de junio "tiene el mismo coste" que no llevarla a cabo, porque si los trabajadores van a ERE también deberán cobrar prestaciones de paro. En directo | Última hora sobre el coronavirus

Las negociaciones para los nuevos Ertes siguen abiertas después de que los sindicatos CC.OO y UGT, las patronales CEOE y Cepyme y el Gobierno no se pusieran de acuerdo en la Comisión Tripartita reunida ayer. El Gobierno ya ha aceptado que todos los Ertes actualmente en vigor se alarguen hasta el 30 de septiembre, es decir tres meses más sobre el límite actual fijado en el 30 de junio, con la posibilidad de que los sectores más afectados y de difícil recuperación puedan llegar a final de año. Sin embargo, tanto las patronales como la UGT siguen esperando que todos los Ertes actuales se prorroguen hasta finales de año, sin discernir por sectores.

La guerra abierta entre los sindicatos y la cúpula de British Airways por los miles de despidos anunciados en Reino Unido ha salpicado de lleno a los planes de crecimiento de Iberia. Unite, que ha criticado duramente que IAG siga adelante con la compra de Air Europa mientras negocia "ajustes brutales" en la aerolínea británica, ha dado un paso adelante para tratar de frenar la operación y va a presentar alegaciones contra la misma ante Competencia de la Unión Europea, que está analizando la integración.

El Ministerio de Trabajo dejó caer a los agentes sociales, especialmente a la parte empresarial, que legislará por su cuenta si no se cierra un acuerdo en la ampliación de los Ertes, según explican a elEconomista fuentes de los negociadores. La Comisión Tripartita adelantó su día de reunión con la intención de buscar un consenso que hubiese permitido aprobar el nuevo real decreto ley (RDL) en el Consejo de Ministros del martes.

El Gobierno sigue buscando aprobar la nueva normativa de los Ertes con acuerdo. Por ese motivo, se han dado esta semana de plazo para intentar encontrar una fórmula sobre las exoneraciones a la Seguridad Social que satisfaga especialmente a los empresarios. Fuentes de la negociación explican a eE que el punto de fricción no radica tanto en la reducción de las cotizaciones, sino que el Gobierno quiera primar a los trabajadores que se incorporan al trabajo en detrimento de aquellos que continúan amparados por el Erte.

Dos sindicatos estadounidenses se mostraron preocupados por las violaciones a los derechos de los trabajadores y pidieron a las autoridades mexicanas que liberen a la abogada laboral Susana Prieto, arrestada hace una semana, en momentos en que está por entrar en vigencia un nuevo acuerdo comercial regional.

La reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los Ertes terminó ayer sin alcanzarse un acuerdo. Sin embargo, las perspectivas pintan mejor que el día anterior pues se han emplazado para seguir negociando. Fuentes de los negociadores valoran al eE positivamente que el Gobierno acepte que los Ertes objetivos, que irán sustituyendo a los de fuerza mayor, tengan exoneraciones a la Seguridad Social, aunque matizan que no es suficiente para cerrar con acuerdo la negociación.El punto de desencuentro estriba en la intención del Gobierno de dar por finalizados los Ertes de fuerza mayor total, es decir, los de aquellas empresas que no han reabierto su negocio aunque sea de forma muy parcial.

Los negociadores -Gobierno, patronal y sindicatos- defienden que el acuerdo para la nueva normativa que ha de regir los Ertes en los próximos meses es posible. El próximo lunes se vuelven a reunir y si se atan los cabos sueltos podría aprobarse el próximo martes, una semana antes de que finalice la actual normativa, que tiene como límite el 30 de junio.

Aunque el plazo se agota, el Gobierno y los agentes sociales no encontraron este lunes un punto de acuerdo para determinar cuáles van a ser las características de los Ertes que estarán en vigor hasta el próximo 30 de septiembre. Aunque sí decidieron no cejar en su empeño y se han dado más plazo en busca de consenso, a pesar de que el Consejo de Ministros era el idóneo para aprobar un nuevo RDL que sustituya a los Ertes que tienen validez hasta el 30 de junio.

El Gobierno dio un paso, podría decirse que de gigante, en busca del acuerdo con empresarios y sindicatos para la renovación de los Ertes. Aumentó las exoneraciones a la Seguridad Social que ha venido proponiendo la última semana. Así, ofrece a los agentes sociales que las empresas de menos de 50 trabajadores se ahorren un 40% de las cuotas para los trabajadores que continúan en el Erte sin trabajar y el 65% para aquellos que ya se han incorporado. En las de más de 50 trabajadores, los porcentajes se reducen al 30% para los que continúan en el desempleo temporal y un 45% para los que han vuelto a la actividad. Fuentes cercanas al Gobierno dan por seguro el acuerdo que podría anunciarse a lo largo de este miércoles. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya adelantó en una entrevista en Telecinco que el acuerdo "está cerca".

Advertía este martes elEconomista que las empresas que todavía no han reiniciado su actividad estarían obligadas a reincorporar al menos un trabajador el próximo miércoles 1 de julio. Un piedra en el camino del acuerdo con los agentes sociales que negocian la prórroga de los Ertes. Pues bien, el Gobierno ha dado marcha atrás y ha aceptado en la reunión mantenida este miércoles dejar en vigor los Ertes de fuerza mayor total hasta el 30 de septiembre. Eso sí, a cambio reducirá las actuales exoneraciones a la Seguridad Social que vienen disfrutando, según explican fuentes de la negociación a este periódico.

UGT, Comisiones Obreras (CCOO) y la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) han mostrado su rechazo a "cualquier modificación del calendario de aperturas comerciales". Así lo han indicado después de que el Gobierno autonómico haya señalado la posibilidad aumentar los festivos de apertura de espacios comerciales, con el objeto de tratar de paliar los efectos de la crisis sanitaria.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal S. A. y su Sindicato Único de Trabajadores (Sutesal), suscribieron un acta de acuerdo tras sostener una reunión extraproceso virtual, convocada por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial (DPSCLRSEL) de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Las empresas "deberán sufragar en su totalidad" el desarrollo del teletrabajo "que no podrá conllevar gastos, directos o indirectos, para el empleado relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral".

A 24 de junio, quedaban 1.996.000 de trabajadores acogidos a un Erte; es decir, cobrando del Sepe y cuyas cotizaciones están, en su gran mayoría bonificadas por la Seguridad Social. De ellos, 1,7 millones están en Ertes de fuerza mayor, bien totales con toda la plantilla sin trabajar bien parciales, con parte trabajando y parte en el desempleo. Los otros 290.000 están amparados por Ertes objetivos, de los llamado Etop. Eso supone que desde el 1 de mayo han salido de los expedientes 1,4 millones de trabajadores.

Feliz 2020. Esto es lo que nos deseábamos la pasada nochevieja, sin pensar en ningún momento que, tan solo dos meses y medio después, una pandemia mundial iba a asolar nuestro país, dejándolo, como han dicho los expertos, en niveles semejantes (o peores) a los de la crisis de principios del pasado Siglo XX.

El Gobierno y los agentes sociales firman el Pacto por el Empleo. Según su contenido (14 medidas con metas tan generales como modernizar el mercado laboral o fomentar la contratación indefinida), todo apunta a un acuerdo más protocolario que efectivo.

Los sindicatos de Nissan en Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca no han acudido a la primera reunión oficial del periodo de consultas, prevista para el día de hoy, con la dirección de la multinacional japonesa para tratar el cierre de las tres plantas, a partir de diciembre de 2020.

Esta misma semana se reunirá por vez primera la mesa de negociación para el teletrabajo acordada por los agentes sociales la pasada semana para regular las condiciones de una modalidad de empleo que ha irrumpido en nuestro país a partir del confinamiento durante la pandemia, pero que sin embargo parece haber llegado para quedarse y cambiar las reglas. Precisamente, éste es el objetivo de la negociación que arranca en los próximos días: dotar de una normativa a este modelo de relación entre el empleado y la empresa, a distancia.

La dirección de Nissan Motor Ibérica ha descartado hoy la suspensión o la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que registró a finales de junio y que afecta a 2.525 trabajadores, con el objetivo de cerrar sus plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca. | Nissan presenta un ERE para 2.525 trabajadores de las plantas de Barcelona

El Gobierno ha propiciado un mal comienzo de las negociaciones sobre la normativa del teletrabajo. Una vez más, el diálogo social quedó en segundo plano, ya que patronal y sindicatos critican que no se contó con ellos para elaborar esta primera propuesta.

La primera ronda de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo ha llevado al traste los planes previos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La patronal tumbó el anteproyecto en el que se está trabajando de puertas del ministerio para adentro, entre otros motivos, por la rigidez que se presenta para el empresario en la asunción de costes generados por el empleado en el teletrabajo. De hecho, este parece será el caballo de batalla e una negociación que irremediablemente se prolongará más allá de verano. De entrada, en esta primera toma de contacto, hasta los propios sindicatos han criticado la uniteralidad del anteproyecto de ley abordado por el Ministerio de Trabajo. Así, tanto patronal como sindicatos han acordado enviar alegaciones al gabinete de Yolanda Díaz, que el posteriormente serán incluidas en una nueva redacción del documento, tumbando de facto el texto previo, ya que según el Ejecutivo se reformulará recogiendo las demandas de los agentes sociales."Tras la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, CEOE y Cepyme consideramos que el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el Ministerio de Trabajo a información pública se ha concebido al margen del diálogo social orillando la necesaria implicación y participación de los interlocutores sociales en la vida económica y social del país", lamentaba la patronal asegurando que el resultado es un texto desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores, que lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación. "A consecuencia de ello, es un enfoque que no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo", sentenciaban desde la CEOE tras la reunión.Lo que sí parece haberse despejado en esta primera toma de contacto es la empresa deberá atender a ciertos costes generados por el empleado a distancia, después de que la CEOE se haya ceñido al acuerdo europeo que firmaron sindicatos y empresarios europeos en 2002, en el que se contemplaba que los gastos los deben asumir las empresas. "Por lo tanto, no tendrían que poner mucha pega porque ellos han puesto en valor ese acuerdo y suponemos que han puesto en valor todo el acuerdo y no sólo de una parte", aseguró la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, al término de la reunión tripartita celebrada este miércoles. Si bien, cabe recordar que la norma no detalla el mecanismo con el que deberán cuantificarse esos gastos ni la forma de compensación sino que emplaza a fijarlo en el marco de la negociación colectiva.

La primera toma de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo evidenció esta semana la distancia existente entre el Gobierno y la patronal, principalmente, si bien los sindicatos también han enarbolado críticas al documento previo elaborado por el Ministerio de Trabajo. La CEOE tumbó de facto este pasado miércoles el anteproyecto de teletrabajo, criticando duramente el documento que tachan de "errático" y "alejado a la realidad" debido a la rigidez que se prevé en la norma sobre la imputación de costes para el empresario por los gastos repercutidos por el empleado a distancia durante el ejercicio profesional.

El balance del primer año completo de Rosa María Mateo al frente de RTVE deja un reguero de números rojos, conflictos internos, guerras de poder y desplome de la audiencia. La cadena pública ha cerrado 2019 con unas pérdidas de casi 30 millones tras tres años en beneficios y se espera que termine 2020 con un resultado negativo de 60 millones por el impacto del coronavirus.